Presidente Juan Carlos Varela dio la orden para detener al ciudadano que le gritó en La Villa

La multa de $300 que fue impuesta al ciudadano panameño de 67 años, Marcelino Ruiz Aquino, por haberle "faltado el respeto" al presidente Juan Carlos Varela es catalogada por sectores jurídicos como "ilegal", además de una muestra más de su "autoritarismo" y de una lamentable "poca tolerancia" a la crítica.

Según el artículo 1 de la Ley N.°22 de 29 de junio de 2005, "ningún servidor público con mando y jurisdicción podrá imponer sanciones pecuniarias o de privación de la libertad a quienes considere le faltan el respeto o lo ultrajen en el ejercicio de sus funciones o con motivo del desempeño de estas".

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También es cierto que esta ley exceptúa de la prohibición a los servidores públicos a que se refiere el artículo 33 de la Constitución de la República.

Pero, cuando se va al citado artículo, se encuentra una alusión clara a los jefes de la Fuerza Pública y los capitanes de buques o aeronaves.

Es decir, por ningún lado se exceptúa de la prohibición al presidente de la República, por lo que su represalia contra el ciudadano que lo encaró en el desfile del 10 de Noviembre es ajena a la norma vigente.

La Constitución dice que los jefes de la Fuerza Pública podrán sancionar a sus "subalternos" para contener una insubordinación o un motín.

Y en el caso de los capitanes de buques o aeronaves, podrán hacer lo propio para "contener una insubordinación o un motín", o para "detener provisionalmente a cualquier delincuente".

Pero el jubilado azuerense Marcelino Ruiz Aquino no es ningún militar subordinado de Varela, tampoco un polizonte de alta mar ni mucho menos un delincuente.

Entonces, ¿cuál es su delito? "¡Que me parta un rayo si Varela no está implicado en casos de corrupción de Odebrecht!", es la frase que le echó en cara al presidente, y que evidentemente lo sacó de sus casillas.

Luego de los hechos, familiares de Ruiz Aquino denunciaron que "por órdenes del presidente Juan Carlos Varela, efectivos de la seguridad del Estado" lo detuvieron en la residencia de su madre, y lo llevaron a una sede de la Policía, donde una juez de paz le impuso sanción de $300.

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El propio jubilado denunció ayer en declaraciones a KW Continente que Varela intenta "criminalizar la protesta" y coartar su "derecho legítimo" a cuestionarlo, ante las carencias y la falta de respuesta de su gobierno, que él como ciudadano está sufriendo en carne propia.

Sobre esta acción de amedrentamiento se pronunciaron varios juristas.

"No he encontrado ninguna ley que sancione el irrespeto al señor presidente. La justicia comunitaria puede sancionar las agresiones verbales, que afecten la convivencia social comunitaria, únicamente. 'Dura lex sed lex' [dura ley, pero ley]. Parece duro lo que digo, pero es la ley", expresó Ernesto Cedeño.

"Mandar a multar a una persona por 'faltar el respeto a la autoridad', por decir algo que no gustó es impropio en una República. El ciudadano tiene derecho a expresar su opinión, aunque lo haga de manera poco educada", agregó el abogado Jaime Raúl Molina.

La también jurista, Alma Cortés, advirtió que el reclamo de Ruiz "es un reflejo del sentir popular", que censura la manera como Varela ha manejado -entre otros temas- el escándalo Odebrecht, recordando que su asesor, Jaime Lasso, confesó que recibió $10 millones de Odebrecht para la campaña de Varela, algo que el mandatario insiste en llamar "donaciones" y no coimas.

"Aquí hay encubrimiento y el pueblo no es tonto", concluyó Alma Cortés.