Alcaldesa de Arraiján defiende remoción de estructuras ilegales en Vacamonte y Veracruz
La orden de remoción inmediata de las estructuras y anuncios publicitarios u otras edificaciones sobre servidumbres viales y pluviales fue dada por el MOP.
La alcadesa Stefany Peñalba dijo que esta acción era necesaria para continuar con el proyecto de ampliación de la vía autopista - puerto de Vacamonte. Foto. Eric Montenegro
La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, salió a enfrentar los señalamientos en su contra por la remoción de vallas publicitarias y locales comerciales en los corregimientos de Vacamonte y Veracruz ubicados en servidumbre pública.
La orden de remoción inmediata de las estructuras y anuncios publicitarios u otras edificaciones sobre servidumbres viales y pluviales fue dada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Así lo informó la alcaldesa Peñalba a través de un comunicado, precisando que el fundamento legal para ello está en el artículo 4 de la Ley N.º 11 de 27 de abril de 2006.
La Alcaldía de Arraiján fue comisionada por el MOP para proceder con las diligencias de liberación de la servidumbre vial en el corregimiento de Vacamonte.
Esta acción era necesaria para continuar con el proyecto de ampliación de la vía autopista - puerto de Vacamonte.
Una serie de actos administrativos anteriores que contravienen las disposiciones legales vigentes hacían necesario revocar los mismos en todo el distrito de Arraiján, asegura la alcaldesa.
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la unidad administrativa de bienes revertidos (UABR), certificó que no tiene ninguna relación contractual con los dueños de establecimientos en esta zona costera.
Es por ello que la Alcaldía de Arraiján procedió con la remoción de las estructuras que estos ocupan, no solo en terrenos nacionales, sino que también construidas de manera ilegal en las servidumbres de playa.
Añade la alcaldesa Peñalba en su comunicado que las estructuras ilegales están siendo removidas y serán removidas sin derecho a indemnización.
Los costos derivados de las demoliciones correrán por cuenta de quienes hayan ocupado indebidamente las áreas afectadas conforme a las leyes establecidas.