Preocupación en el Colegio Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera por medidas a docentes jubilados
El dirigente Luis Sánchez dijo que una posible solución para el Meduca sería reasignar a los docentes afectados a otros cargos, en lugar de separarlos.
Los gremios no descartan presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Foto. Eric Montenegro
Una circular emitida por la Dirección del Colegio Secundario Pedro Pablo Sánchez (PPS), ubicado en el distrito de La Chorrera, ha causado inquietud y malestar entre los gremios educativos de la provincia de Panamá Oeste.
La misiva, dirigida a docentes y administrativos jubilados, hace referencia a una reunión reciente del Consejo Regional de Directores y Supervisores de Panamá Oeste, en la que estuvo presente la ministra de Educación, Lucy Molinar, junto a otros altos funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca).
La circular, firmada por el rector Narciso Bastos Díaz, menciona que en dicha reunión se solicitó a los directores que informaran a los docentes y administrativos jubilados que, "por razones de salud que no les permitan seguir laborando eficientemente", deben "dar un paso a un lado".
Asimismo, se les insta a retirarse "honrosamente y de forma voluntaria", con la advertencia de que, de no hacerlo, se les abriría un expediente para ser separados del sistema educativo.
La medida ha sido criticada por dirigentes gremiales, entre ellos Luis Sánchez, quien considera la acción como ilegal, ya que viola leyes que protegen a los trabajadores con enfermedades crónicas o degenerativas. Sánchez enfatizó que esta práctica infringe los derechos laborales de los educadores y podría ser una violación de los derechos humanos.
El dirigente magisterial señaló que una posible solución para el Ministerio de Educación sería reasignar a los docentes afectados a otros cargos, en lugar de separarlos del sistema educativo.
Además, alertó que, de persistir esta medida, los gremios no descartan presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia.
Sánchez también sugirió que esta decisión podría ser parte de una estrategia gubernamental para intimidar a los docentes y disuadirlos de participar en protestas relacionadas con otros temas de preocupación, como la posible reapertura de minas en la región.