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Gobierno de Cortizo, con pésimo manejo de la crisis

Este es el segundo estallido social que enfrenta el Gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo, en menos de un año y medio.

Luis Ávila - Actualizado:
El descontento en contra del Gobierno Nacional  a sido generalizado en todas las provincias del territorio nacional. EFE

El descontento en contra del Gobierno Nacional a sido generalizado en todas las provincias del territorio nacional. EFE

El Gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo ha tenido un pésimo manejo de la actual crisis que atraviesa Panamá, al menos así lo plantean dirigentes y voceros de diversos sectores.

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La administración Cortizo-Carrizo enfrenta un segundo estallido social en los últimos dos años, estas situaciones ponen en evidencia la deficiencia del equipo gubernamental para entablar puentes que apacigüen los ánimos de los manifestantes.

El mandatario Laurentino Cortizo desde que se inició la ola de protestas y cierres de calles ha dado tres mensajes a la Nación, pero en ninguno de ellos convocó a los sectores que protestan a sentarse a buscar una salida al conflicto.

En el primer mensaje, el mandatario se limitó a enumerar los beneficios que traería la Ley 406 que impulsa el proyecto minero, dejando claro que la decisión que se tomó fue la correcta.

En su segunda intervención, donde ya habían arreciado las acciones de fuerza en las calles, el gobernante habló sobre el aumento salarial a los jubilados y pensionados que ganan menos de 350 dólares y una prohibición de otorgar nuevos contratos mineros.

En su tercera salida ante los medios, el 29 de octubre pasado, el mandatario Cortizo dijo que convocaría a una consulta ciudadana para definir el tema.

En ese tercer mensaje quedó demostrado que en medio de la crisis el Gobierno no tenía coordinación alguna con las demás instituciones que involucraría un referendo, ya que de inmediato los magistrados del Tribunal Electoral de Panamá plantearon que no había ambiente ni condiciones para un evento de este tipo.

Días después, la administración Cortizo-Carrizo desistió de la propuesta de una consulta ciudadana y solo mantuvo el proyecto que establecía una moratoria minera.

Transcurrido ese tiempo, el mandatario no se ha dirigido a la población panameña, con la cual la crisis se mantiene.

Esta situación ha generado pérdidas millonarias en el sector empresarial que incluye comercios, turismo, productores, transporte, etc. Sumado a ello, se ha perdido tras semanas de clases y se mantiene la medida de paralización.

Frente a lo que está pasando, el abogado y analista Jaime Porcell, indicó que se está ante una situación donde la autoridad ha perdido su capacidad de persuadir y convencer.

Añadió el experto que el Estado ha adoptado la actitud de dejar que la alzada que se ha dado se consuma de manera espontánea.

El jueves se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), hicieron un llamado al Estado panameño, a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, conforme a los estándares interamericanos.

La CIDH y la Relatoría hacen un llamado al Estado de Panamá a continuar en la búsqueda de canales de diálogo garantizando el derecho a la protesta pacífica de los panameños.

Ante esto que está sucediendo, miembros de la sociedad civil, así como políticos, han solicitado la renuncia total del actual Gabinete, esto para buscar una solución al problema.

Dirigentes magisteriales también se han sumado a las voces que piden la renuncia del Gabinete.

Mientras todo esto se debate, las autoridades panameñas guardan silencio y no salen a darle una explicación al país ante lo que está sucediendo.

Por otro lado, hay quienes le piden al presidente que, a través de una Ley, derogue el contrato minero, esto para la tranquilidad del país.

Tal es el caso del exvicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Miguel Ángel Fanovich, quien le pidió a Cortizo que por la paz del país llame a sesiones extraordinarias para derogar el contrato ley minero, el cual ha traído protestas masivas, luto y dolor al pueblo panameño.

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