Modelo impulsado por la OEA para la gestión de delitos por consumo de drogas se adoptará en Panamá
El plan piloto se aplicó para ofrecer una alternativa judicial de tratamiento a personas imputadas por delitos relacionados con sustancias ilícitas.
En 2023 se había creado una mesa técnica interinstitucional. Foto: Archivo
Panamá adoptó un modelo impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para la gestión de delitos menores relacionados con el consumo de drogas, que incluye sustituir la pena de cárcel por tratamientos contra la adicción, según un acuerdo judicial publicado este martes en la gaceta oficial.
El Acuerdo Número 881 del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "adopta el Modelo de Gestión del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD) en Panamá: Planeación Estratégica para la expansión del Programa 2025, con las acciones complementarias para su institucionalización y expansión".
Esto se hace considerando que el plan piloto del prototipo, implementado desde 2014 en el distrito panameño de Penonomé, mostró "impactos positivos en la rehabilitación de los participantes, evidencia la aplicabilidad del modelo como alternativa judicial de tratamiento".
El plan piloto se aplicó con el propósito de ofrecer una alternativa judicial de tratamiento a personas imputadas por delitos relacionados con el consumo de sustancias ilícitas, explica el Acuerdo judicial.
Ya en el 2023 se creó una mesa técnica interinstitucional que elaboró el documento llamado "Modelo de Gestión del Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD) en Panamá: Planeación Estratégica para la expansión del Programa 2025, con las acciones complementarias para su institucionalización y expansión", cuyo propósito es "fortalecer la implementación del programa y facilitar su expansión gradual" a nivel nacional.
El Programa Judicial de Tratamiento de Drogas (PJTD) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) es un modelo que ofrece alternativas al encarcelamiento para infractores por delitos menores de drogas, enfocándose en la rehabilitación y reintegración social mediante tratamiento supervisado, buscando así reducir la reincidencia y descongestionar el sistema judicial, según explica la OEA.