¿Vamos y el giro hacia el comunismo en pos de justicia social?

Para la Coalición Vamos debe ser un llamado de atención que sus iniciativas parlamentarias sean tachadas de "populistas" y que quieran "hacer justicia social" metiendo la mano a negocios privados, justo como lo hacen los gobiernos de izquierda.

Por un lado está la iniciativa de la diputada Alexandra Brenes que con su propuesta 380 sugiere, entre otras cosas, que sean los padres de familia quienes determinen si una escuela privada puede o no aumentar la mensualidad o la matrícula.

Pero resulta que el diputado Lenín Ulate, también de Vamos, junto al Partido Revolucionario Democrático (PRD), es el proponente de un anteproyecto de ley que busca ampliar los beneficios de los jubilados sin tomar en cuenta la opinión de los negocios que se ven afectados y es lo que distintas asociaciones nacionales denuncian.

"Eso es de ti, pero no contigo", dijo Leitza Cruz en Tvn Noticias cuando le preguntaron si los proponentes de este anteproyecto los habían consultado.

"Estamos consternados porque no se nos toma en cuenta", señaló Cruz, representante de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias.

"La Asamblea se ha metido en el bolsillo de las Pymes y está decidiendo hacer justicia social sobre nuestro bolsillo y eso no es justo", consideró Cruz sobre la nueva propuesta.

Cruz recordó que el descuento que beneficia a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, lo ha cargado el sector empresarial desde hace más de 30 años.

"Desde 1987, cuando inició, (el beneficio) era del 10% y era por prescripción médica, pero en el 2002 empezó el populismo, se abre el compás y el jubilado se convirtió en el shopper de la familia", ironizó.

Asegura que esta medida afecta a las pequeñas farmacias que según dijo "somos los que estamos cargando con un subsidio del Estado que es al que le corresponde otorgarles un crédito fiscal" que al parecer no reciben.

"La situación es terrible, ya no sabemos qué hacer porque es hablar contra el muro", lamentó.

"Si esto se da y no nos reconocen el crédito fiscal y qué pasa si no lo reconocen, vamos a tener que aumentar el precio de los medicamentos, pero si nos controlan el precio, vamos a tener que cerrar y quién se verá afectado, el jubilado que gana menos de $400", opinó.

"Lo que va a suceder es que vamos a desaparecer", vaticinó Cruz.

En esa misma línea apunta, entre otras, la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (APCP), quien dijo que la iniciativa planteada por Brenes en el sector educativo privado atenta contra la "seguridad jurídica".

"El proyecto 380 de la diputada Alexandra Brenes habla de algo que estamos trabajando desde hace diez años, en el decreto 601, y ella lo quiere subir a ley, pero populistamente, lo que hace es fijar fecha para el incremento de la mensualidad o matrícula", dijo el Profesor Mario Muñoz, presidente de APCP.

Según el profesor Muñoz en la Asamblea de Diputados "hay más de once proyectos que atentan contra la seguridad jurídica de los colegios particulares".

Por otra parte el sector de los colegios privados reportan gran morosidad de los padres de familia que en total ronda los 2.4 millones de dólares.

De hecho, han afirmado que hay acudientes que abiertamente les dicen que no van a pagar, y las escuelas no pueden tomar medidas restrictivas como no entregar las boletas de calificaciones.

Pero no solo las farmacias y escuelas particulares se quejan de estas iniciativas, ya que la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) expresó su preocupación por la iniciativa legislativa que propone aumentar los beneficios a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

De acuerdo con esta ley, los jubilados tienen derecho a un 50% de descuento de lunes a jueves y un 30% de viernes a domingo en el pago de habitaciones. Sin embargo, este beneficio no es deducible del impuesto sobre la renta, afectando las finanzas de los hoteles, opinó Apatel.

Apatel recordó que los restaurantes de los hoteles aplican otro descuento de un 25% a los jubilados y pensionados, reflejando un desbalance en sus finanzas.

¿Censura disimulada?

No obstante, la diputada de Vamos fue más allá cuando sugirió al Ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, que no se debería permitir  que la minera haga lobby en la sociedad panameña.

"Me parece que esto, por más que hablemos de la libertad de expresión, significa una burla a la mayoría de los panameños cuando vemos, y lo digo porque lo he visto, varias de estas actividades, ya sea financiadas o comerciales", dijo Brenes, durante el cuestionario que Moltó desarrolló en la Comisión de Economía  de la Asamblea Nacional.

El titular de Comercio, en tanto, le aclaró que no hay ningún problema  y que la mina tiene derecho a publicitar. Añadió que cualquier empresa constituida en Panamá puede realizar actividades de responsabilidad social, patrocinio de eventos y financiamiento de creadores de contenido, siempre que cumpla con la ley.