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Desconfían de querella estatal contra Odebrecht

Según el ministro de Seguridad, todo queda en manos del Ministerio Público, que debe investigar, y de la Corte que, finalmente, deberá juzgar.

Redacción | nacion@epasa.com | @PanamaAmerica - Actualizado:

El ministro Alexis Bethancourt dijo que su experiencia en la Unidad de Análisis Financiero servirá para sustentar la querella. Víctor Arosemena

Aunque el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethnacourt, aseguró que la querella presentada ayer ante la fiscalía anticorrupción en contra de la constructora Odebrecht es extensiva a personas naturales y jurídicas, muchos sectores estiman que dicha acción no alcanzará a los allegados al gobierno actual.

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El abogado Ernesto Cedeño opinó que da la impresión de que en Panamá no hay la disposición para profundizar en el caso Odebrecht, a diferencia de otros países.

En igual dirección se manifestó Gonzalo Moncada, quien señaló -a pregunta de los medios- que se negaba a participar de este espectáculo porque al final, a juicio suyo, no se llegará a nada, puesto que hay mucha política en el tema.

Al ser cuestionado sobre el alcance de la acción emprendida ayer lunes y si la misma se daría con imparcialidad, en caso de resultar implicados miembros del Gobierno, el ministro Bethancourt sostuvo que todos los órganos tienen una responsabilidad, y dejó la carga sobre el Ministerio Público, de cuya investigación dependen los resultados y la certeza del castigo, que es función del Órgano Judicial.

Alexis Bethancourt presentó la querella penal en representación del Estado en contra de la constructora Odebrecht, envuelta en un escándalo por el pago de sobornos a funcionarios y políticos de alto nivel en 12 países latinoamericanos, incluyendo Panamá.

El ministro, quien cumplió así el mandato del Consejo de Gabinete, explicó que la querella es por delitos contra el orden económico, la administración pública, entre otros, que surjan durante la investigación. La querella alcanzaría tanto a personas naturales como jurídicas, advirtió.

De acuerdo con Bethancourt, la querella está "bien pensada y preparada" y va con el propósito de proteger los puestos de trabajo de los 8,000 colaboradores de Odebrecht.

"Estamos cumpliendo en presentar una querella como víctima el Estado y protegiendo a los inocentes y los trabajos", expresó el ministro, quien admitió que esta no es tarea del Ejecutivo, pero que están respaldando al resto de las entidades del Estado.

La querella del Estado panameño se produce días después de que el exministro consejero y presidente del Partido Panameñista Ramón Fonseca Mora señalara al presidente Juan Carlos Varela de haber recibido donaciones de Odebrecht en campaña presidencial porque "no se podía pelear con todo el mundo".

Fonseca Mora dijo que "aquí no se ha investigado de verdad", en referencia a la cercanía de altos cargos del Gobierno con la constructora Odebrecht.

Ayer el ministro de Seguridad salió al paso para aclarar, tras imponer la querella a nombre del Estado, que la misma "no es en contra de una empresa en específico".

Recientemente, se mencionó a varias firmas de abogados cuyos miembros son parte del Gobierno panameño como actores del entramado que implica a la firma Odebrecht, entre ellos el diputado José Alberto Rosas.

La diputada del PRD Zulay Rodríguez señaló ayer que "la corrupción debe ser atacada venga de donde venga; no podemos convertirnos en un Estado cómplice y permisivo".

En tanto, el ministro Alexis Bethancourt aseguró que el proceso de querella será llevado adelante por los asesores legales de cada ministerio, pero que estará disponible si el Ministerio Público lo necesita para adelantar el proceso.

El pasado mes de enero, el presidente Juan Carlos Varela y los ministros coincidieron en que es de interés del Estado presentar una querella en las causas, de modo que las distintas instituciones que pudieran resultar afectadas formen parte del proceso, colaboren activamente y recuperen fondos desviados.

La empresa Odebrecht ha desistido de participar en el acto de licitación del cuarto puente sobre el Canal, mientras que Odebrecht Latin Finance acordó terminar por mutuo acuerdo el contrato de la hidroeléctrica Changuinola II y la concesión para la utilización de fuentes de agua en la generación de energía.

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