Fallos polémicos dejan dudas a gestión del SPA

Pese a que la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá buscaba darle un cambio a la persecución y juzgamiento de los delitos, tras un año de ejecutarse en todo el territorio nacional, avanza entre caminos pedregosos, fustigado por quienes critican el hecho de que es muy garantista y la falta de recursos para operar como es debido.

En seis años que lleva de ejecutarse en otras zonas del país, han sido criticados casos en los que se han dictado medidas absolutorias y otros por fallas administrativas de brechas que han quedado en el nuevo sistema, como un acuerdo de pena al que se iba a llegar con un sindicado por violación contra una menor en Veraguas, de solo realizar trabajo comunitario, el cual finalmente fue rechazado.

A juicio de algunos sectores, la entrada en vigencia del SPA ha demostrado que más delincuentes han quedado libres, pese a habérseles encontrado con "las manos en la masa".

Uno de ellos es el excontralor Alvin Weeden, quien aseguró que "el Sistema Penal Acusatorio es un sistema para poner a los delincuentes en las calles".

Weeden, quien es un duro crítico del sistema garantista que aplican los jueces, asegura que el Ministerio Público "se encuentra con una camisa de fuerza".

Pese a ello, los propulsores del SPA en Panamá han afirmado que desde que se aplicó esta modalidad de justicia, en 2011, se han dado 4,876 condenas, producto de acuerdos de pena que ofrece.

Afirman que esto ha contribuido a acortar los tiempos de investigaciones complejas y mayor economía procesal, que con el sistema inquisitivo durarían hasta 10 años.

Según el subsecretario general del Ministerio Público, David Díaz, se trata de una alternativa positiva que busca la mejor salida para el infractor, al reconocer su responsabilidad por el delito y procura la aceptación, para así sintetizar el periodo de investigación.

A esta modalidad de impartir justicia se le conoce también como colaboración eficaz, la cual trata de desarticular organizaciones criminales complejas, cuyos cabecillas son difíciles de alcanzar.

Sin embargo, su funcionamiento no ha sido del todo efectivo, ante la falta de personal, equipos para investigar y recursos económicos.

En 2017, el SPA funciona con un presupuesto de $10 millones, gran parte del cual se ha destinado al reclutamiento y formación del personal, explicaron sus encargados.

En los otros distritos judiciales donde ha operado el sistema, se han dado 61 mil medidas cautelares. De ese total, 1,400 fueron detenciones preventivas, y el resto notificaciones e impedimento de salida del país.

También se han logrado más de 2,000 condenas, dictadas en la fase de investigación, las cuales corresponden a los acuerdos logrados sin llegar a una fase de juicio oral.

Al instaurarse esta nueva modalidad, juristas como el abogado Armando Fuentes han evaluado que se producen decisiones desacertadas en las que solo se evalúa que la persona permanezca en el país.

"Cómo se le da una medida cautelar a una persona que está en un hotel", dijo el experto, al conocerse la fuga de cuatro extranjeros arrestados con droga en la provincia de Chiriquí, pero que recibieron una medida cautelar de impedimento de salida del país.

Incluso, debieron pasar 11 meses hasta que se produjera el primer juicio oral de la Fiscalía Regional Metropolitana bajo el SPA, el pasado 1 de agosto de 2017, y en el cual se condenó a un ciudadano por el delito de robo agravado.