'Muerte civil' podría ser utilizada como instrumento para perseguir
La frase resuena en los oídos de los panameños tras la protesta pacífica contra la corrupción del pasado 9 de enero en la Cinta Costera.
'Muerte civil a los corruptos' fue una de las frases que se plasmó en varios carteles durante la protesta pacífica en contra de la corrupción en la Cinta Costera. Roberto Barrios
La iniciativa ciudadana presentada a la Asamblea Nacional sobre "muerte civil" y que propone separar de por vida a los corruptos de la administración pública, recibió, al parecer, la aprobación de la ciudadanía, sin embargo, existen dudas sobre su alcance y efectos, toda vez que podría servir como un instrumento para la persecución política.
Juristas consultados no dudaron en considerar que el país tiene las condiciones para adoptar una medida de este tipo, que busca frenar la impunidad y el mal manejo de los fondos públicos, pero antes habría que restructurar el sistema judicial del país en temas como el debido proceso, la justicia selectiva y la mora judicial, entre otros.
Para el abogado Ernesto Cedeño, quien aspira a la presidencia por la libre postulación, es necesario realizar una reingeniería del sistema judicial.
"Si ningún corrupto queda preso, eso sería estéril; hay que fortalecer el sistema de justicia", expresó.
El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, aseguró que sin dudas, una disposición que no sea bien llevada se puede transformar en objeto político, por ello, consideró que se debe tener madurez política y una auténtica independencia entre los órganos del Estado.
Fraguela explicó que de aprobarse esta iniciativa como ley, se debe garantizar el debido proceso.
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La iniciativa, la cual fue presentada por ciudadanos, pretende modificaciones precisas al Código Penal y la Ley de Contrataciones Públicas para evitar que cualquier persona condenada por delitos contra la administración pública pueda volver a desempeñar cualquier función pública o lograr contratos con el Estado.
Por ejemplo, sugiere la modificación del artículo 338 del Código Penal para que el servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes que le han sido confiados, sea sancionado con prisión de cinco a 10 años.
Así mismo, contempla un cambio en el artículo 16 del Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que regula la contratación pública, para que detalle la incapacidad legal para contratar.
La iniciativa de "muerte civil" ya rige en países como Perú, donde se cuenta con una legislación que impide que condenados por terrorismo, corrupción, narcotráfico y violación sexual se postulen a cargos de elección popular.
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Este posible instrumento legal sobre "muerte civil" no viciaría la Constitución y tampoco entraría a reñir con ninguna ley, código o derechos, a juicio del abogado Cedeño. De hecho, dijo, se fortalecería la convención firmada por el país contra la corrupción que pidió tomar iniciativas para atacar estos actos perjudiciales.
Mientras, Fraguela aseguró que la iniciativa dará mucho que hablar y por ello, habrá que evaluar a profundidad su disposición, pero la considera positiva porque sería un mecanismo de represión contra quienes han lucrado del Estado.
El diputado panameñista José Antonio Domínguez dijo que habría que conversar con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para conocer sobre la posibilidad de la inconstitucionalidad.