Polémico cierre de las vistas presupuestarias

En una acción más que va en contra de la transparencia, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional decidió efectuar, a puerta cerrada, la sustentación de la vista presupuestaria de este órgano del Estado.

En  la reunión de ayer, con la que culminaron las sustentaciones, no solo se prohibió el ingreso de los periodistas, sino que cambiaron la hora de sustentación a fin de que se realizara de forma secreta.

Incluso, la actuación de los conocidos "padres de la patria" afectó a los propios diputados, que por no saber a qué hora se iba a efectuar la reunión, llegaron tarde.

Tal fue el caso del diputado oficialista, Florentino Ábrego, quien en tono molesto criticó la acción tomada por un funcionario de seguridad de la Asamblea, que le impidió el paso, alegando que cumplía órdenes superiores.

La sustentación de la Asamblea fue la única, de todos los ministerios, empresas estatales, entidades autónomas y semiautónomas que se realizó a puerta cerrada.

No es el primer año en que esta situación se da y aunque es potestad del presidente de la comisión realizar la sustentación a puerta cerrada, llama la atención que la de la Asamblea haya sido la única y más por tratarse del órgano representativo del panameño.

El presupuesto solicitado por el Órgano Legislativo para el 2018 fue de 117 millones 59 mil dólares, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó 81 millones 549 mil dólares.

Mientras, para este año al Legislativo se le aprobó un presupuesto de 90 millones 627 mil dólares, sin embargo, en posteriores modificaciones, mediante créditos extraordinarios, ha ascendido a 160 millones 145 mil dólares, lo que equivale a casi 100%.

Molestia

El hecho registrado durante el último día de las vistas presupuestarias no fue el único que se dio durante la sustentación de las diferentes entidades del Estado.

Solo anteayer, aunque su presupuesto se discuta en forma separada, hubo polémica con el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Luis Quijano, por el aporte que esta entidad le da al Estado, denunciando la entidad que los diputados modificaron el presupuesto, algo que le está prohibido por ley.

Por otra parte, los administradores del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe) lamentaron que con el presupuesto recomendado no puedan nombrar los educadores que hacen falta para cumplir con el programa de inclusión educativa.

En tanto, la semana pasada, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, cuestionó el recorte que el MEF le realizó al Órgano Judicial, con el cual están perdiendo independencia judicial.

Para 2018 había solicitado un presupuesto de 346 millones de dólares, sin embargo, el MEF le recomendó 159 millones, cifra que es 4% menor que la asignada para la presente vigencia fiscal, que es de 166 millones de dólares.

Con este recorte existe el riesgo de que se tenga que prescindir de algunos funcionarios de la administración de justicia, porque no van a tener cómo pagarles sus salarios.

Además, existe la posibilidad de que algunos despachos del Judicial puedan ser cerrados por la falta de presupuesto.

Luego de los fuertes cuestionamientos que Ayú Prado hizo al MEF, los miembros de la Comisión de Presupuesto aprobaron unánimemente devolver la vista presupuestaria del Órgano Judicial al ministerio, para que se discuta y recomiende un incremento sustancial, con la finalidad de que pueda afrontar las múltiples necesidades que requiere la administración de justicia.

A entidades del Ministerio Público tampoco se les asignó lo que solicitaban y en conjunto, a todo el sistema de justicia se le concedió menos que a los estamentos de seguridad.

Carrera Judicial

Frente al recorte hecho a la Corte Suprema, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) señaló que el presupuesto de esta institución debe tomar mayor preponderancia y ser cónsono con sus importantes funciones y los resultados esperados.

Según el gremio empresarial, el presupuesto asignado debe ir dirigido de manera efectiva a temas de prioridad.

Este gremio ve con preocupación que a la fecha no haya avances en la implementación de la carrera judicial, aprobada en 2015, y la cual requiere de inversión en infraestructura, tecnología, contratación de personal, evaluación de gestión y capacitación, así como la creación del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia.