Advierten que el Tisa busca vender a Panamá
Piden que las autoridades panameñas se retiren de las negociaciones porque no benefician a los profesionales y sectores económicos.
Todos los Gobiernos que participan de ese acuerdo están obligados a cumplir el pacto y una vez firmado, no se pueden retractar. Archivo
El Acuerdo Internacional sobre Comercio de Servicios (Tisa) amenaza con privatizar servicios públicos e importantes sectores de la economía, lo que encarecería el costo de los productos y servicios si Panamá sigue dentro de la negociación, denuncian organizaciones de consumidores y trabajadores.
Sectores como educación, salud, agua, agricultura, transporte aéreo y marítimo, energía, telecomunicaciones y comercio electrónico, y el desplazamiento temporal de trabajadores de otros países para la prestación de servicios, entre otros aspectos, forman parte de esta negociación, en la cual Panamá participa desde el año 2013 de "manera secreta", según los denunciantes.
Hasta noviembre de 2016, se habían celebrado 21 rondas de negociación en las que participan 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la Unión Europea, pero en este momento el diálogo está suspendido por políticas de Estados Unidos, según dijo a Panamá América la viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales, Diana Salazar.
La situación es tan preocupante para diversos sectores del país que los diputados de la Asamblea Nacional citaron al ministro de Comercio e Industrias (Mici), Augusto Arosemena, para que explique de qué se trata el acuerdo y hasta dónde ha llegado Panamá en las negociaciones.
El diputado Leandro Ávila dijo que es un tema serio porque si Panamá, por ejemplo, avala la apertura de los servicios públicos, tendrá que cumplir, y eso es peligroso para los nacionales.
Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), manifestó que es un acuerdo comercial para privatizar servicios públicos, los cuales hoy están bajo la responsabilidad del Estado y podrían llegar a ser controlados por el sector privado a su manera.
"Colocar los servicios públicos en manos del sector privado es peligroso y perjudica a un alto porcentaje de la población, que podría quedar sin los servicios al ser encarecidos por la empresa para acumular más riqueza", detalló Berrocal.
Aunque Panamá participa de las negociaciones y aún no ha firmado, según indican las autoridades, Berrocal señala que el Gobierno ya está accionando con base en los lineamientos del Tisa.
Prueba de ello es la condición en la que está el servicio de salud, del que la Caja de Seguro Social (CSS) ya tiene algunas funciones externalizadas (privatizadas), lo cual no ha sido de beneficio para los pacientes porque al final siempre tienen que recurrir a una atención privada que cada día se encarece más.
La misma situación es la que se reporta en el Canal de Panamá, donde hay varios servicios que están privatizados, lo que ha sido denunciado por los gremios de profesionales que laboran en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
De igual manera, aseguró que en el servicio público de agua ya hay aspectos concesionados.
"En este momento, la empresa Energía, Agua y Gas, la cual es subsidiaria de Agua de Medellín, tiene la concesión para crear una plataforma para mejorar el servicio", denunció Berrocal.
En cuanto a los sectores de la agricultura y el transporte aéreo, marítimo y terrestre, aunque no son servicios públicos esenciales, responden a lo que se plantea en el Tisa, por lo que aseguró que si el Gobierno Nacional no les presta la debida atención, las transnacionales se seguirán apoderando del comercio y no tendrán consideración alguna con los usuarios.
"Al Estado le corresponde regular los servicios que no son esenciales y no dejarlos a la especulación porque corremos el riesgo de que el capital extranjero desarrolle estas actividades nacionalmente", añadió.
La misma afectación podría experimentar cada vez más la mano de obra panameña, incluyendo las profesiones protegidas en el artículo 73 de la Constitución Política, aseguran los dirigentes.
Denunciaron que hace unos días, una empresa privada solicitó que se permitiera la entrada de profesionales de diversas carreras al país para que pueda competir con los panameños.
Pedro Acosta, secretario General de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá (Uncurepa), expresó que Panamá está negociando a espaldas del pueblo.
"Panamá tiene que salirse del Tisa, no participar porque están entregando al país", agregó.
En el mes de diciembre, en Argentina, se llevará a cabo la próxima ronda de negociación para abordar el tema de la tecnología gubernamental.
En el 2015, el Gobierno de Uruguay se retiró de las negociaciones porque aseguró que el Tisa solo tiene como objetivo doblegar a sus países miembros a las voluntades de las grandes potencias, que son parte de esta alianza.