Juez mexicano declara en quiebra a firma Oceanografía, intervenida por fraude

 Un tribunal resolvió declarar en estado de quiebra a la empresa Oceanografía, contratista de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) intervenida por el Gobierno federal por un presunto fraude a la filial mexicana de Citigroup, informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). El CJF indicó que el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México hizo la declaración con base en el artículo 167 de la Ley de Concursos Mercantiles, la cual establece que el comerciante concursado será declarado en quiebra cuando transcurra el término para la conciliación y las prórrogas que de él se hubiesen concedido. El juez Felipe Consuelo ordenó al síndico "proceder a la enajenación de los bienes y derechos que integran la masa (patrimonio)" de la empresa, procurando obtener el mayor producto posible a fin de hacer pago a los acreedores, informó el Consejo en un boletín. En la sentencia se señala que se tiene por designado como síndico al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Este fallo suspende la capacidad de ejercicio de la empresa sobre los bienes y derechos que integran la masa, es decir, los cuales serán administrados por el síndico, quien contará con las más amplias facultades incluyendo las de dominio. La sentencia ordena a las personas que tengan en su posesión bienes de la empresa quebrada que los entreguen al síndico y prohíbe a los deudores de la firma pagarle o entregarle bienes sin autorización del mismo. En julio de 2014 el mismo tribunal determinó procedente declarar en concurso mercantil a Oceanografía debido a que la empresa incurrió en incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones a varios acreedores. Oceanografía, proveedora de servicios de reparación y mantenimiento a pozos de Pemex, fue investigada por utilizar presuntos documentos falsos para obtener créditos del banco Banamex, filial del estadounidense Citigroup, que en febrero de 2014 anunció el descubrimiento de préstamos fraudulentos por 400 millones de dólares. El propietario de la compañía, Amado Yáñez, se encuentra desde octubre de 2014 en una cárcel mientras es procesado por presuntos delitos de lavado de dinero y fraude fiscal, entre otros.