Caso Odebrecht muestra incongruencias en la aplicación de justicia de la jueza Marquínez
Ayer, se optó por suspender la audiencia del caso Odebrecht, porque los defensores no podían recurrir al contrainterrogatorio.
La jueza Baloisa Marquínez ha sido duramente criticada por el manejo de casos de alto perfil.
La justicia panameña volvió a demostrar que aplica otros códigos cuando se trata de los casos contra Ricardo Martinelli, a quien se le negó el derecho de contrainterrogar a los testigos protegidos en el caso New Business y ayer se optó por suspender la audiencia del caso Odebrecht, porque los defensores no podían recurrir al contrainterrogatorio de ejecutivos de la constructora brasileña.
Baloisa Marquínez, la misma juez que no exigió el contrainterrogatorio de los testigos protegidos Riccardo Francolini y Henri Mizrachi en el caso New Business, ayer en una audiencia transmitida por Youtube- reconoció que "no podemos violentar el derecho de defensa que le asiste a los procesados y que efectivamente el contradictorio" debe realizarse siempre que se haya notificado a los testigos.
La propia fiscal de la causa Ruth Morcillo y el querellante por parte del Estado Carlos Antúnez Morales, reconocieron que debía posponerse la audiencia para permitir a la defensa contrainterrogar a los ejecutivos de Odebrecht, entre ellos, André Rabello.
"No solo es interés del Ministerio Público tener a los (que pactaron acuerdo de colaboración eficaz), sino también que se sometan al contradictorio para poder garantizar ese derecho que tiene los acusados de controvertir las pruebas aducidas ...nos preocupa que parte de los cargos y descargos deben sustentarse en el contradictorio", expresó la fiscal Morcillo.
Ruth Morcillo dijo que el tribunal debe tener la certeza de haber hecho las diligencias para esa asistencia por parte de las autoridades del Brasil... y agotar ese derecho que tiene la defensa al contradictorio "previendo reclamaciones futuras ante cortes internacionales"
La decisión de la jueza Baloisa Marquínez de posponer nuevamente el juicio por el caso Odebrecht ha suscitado críticas por las aparentes incongruencias en su manejo de los procesos judiciales.
Es que en el caso New Business, la jueza ha sido señalada por no aplicar el mismo estándar en lo relativo al derecho al contradictorio.
El abogado Carlos Carrillo señaló ayer que Martinelli fue acusado y condenado sin cumplir con el debido proceso, incluyendo la falta de imputación formal y la imposibilidad de contradecir a los testigos. "Lo condenaron con un sistema atroz que los propios funcionarios públicos han reconocido. La justicia, con esta serie de sentencias contradictorias, queda en entredicho", afirmó.
Carrillo expresó que la defensa agotará todos los recursos legales disponibles, argumentando que a su cliente no se le han respetado principios básicos como el derecho a la defensa y el principio de especialidad.
Otro tema que también pone en duda la aplicación de justicia por parte de Baloisa Marquínez y que vulnera las garantías fundamentales de Ricardo Martinelli es el desconocimiento al principio de especialidad que le corresponde a Martinelli.
A pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la Nota A.J.-MIRE 2024-057600 del 11 de julio de 20244 y suscrita por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, certificó que no existe constancia de que alguna autoridad del Ministerio Público o del Órgano Judicial, haya solicitado la excepción al principio de especialidad. Este documento proferido por una autoridad oficial del Estado panameño demostró que nunca se realizó por parte de las Autoridades, diligencia alguna, sin embargo Martinelli fue juzgado y condenado en el caso New Business.
Dicha sentencia vulnera varios derechos fundamentales, incluyendo los artículos 32 y 17 de la Constitución Política de Panamá, así como el principio de especialidad derivado del tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos de 1904. Este principio establece que Martinelli no podía ser acusado, enjuiciado ni castigado por delitos distintos a aquellos que motivaron su extradición desde Estados Unidos en 2018, en relación con el caso conocido como "Pinchazos".
La defensa sostiene que el artículo 17 de la Constitución fue infringido, ya que la sentencia no protegió ni aseguró la efectividad de los derechos de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, actuando en contravención a la Constitución y la ley.
En la lista de vulneraciones también se suma que Martinelli es el único panameño que ha sido llevado a un proceso legal sin haber sido imputado y también es la única persona que se le ha hecho un doble juzgamiento sin la debida imputación de cargos.
El abogado Alfredo Vallarino calificó lo sucedido ayer como un show montado. "Ustedes escucharon que no se puede violentar el derecho al contradictorio y que los testigos deben estar presentes. Esta vez sí lo vieron; en el caso de New Business no nos otorgaron ese derecho", expresó.