Corte Suprema de Justicia otorga medida cautelar de prisión domiciliaria al exdirector de DGI, Luis Cucalón
Cabe resaltar que, un juez de Cumplimiento concedió prisión domiciliaria temporal, por el término de tres meses, al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Cucalón el pasado 11 de mayo de 2020.
Cucalón fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de peculado y corrupción a funcionarios en septiembre de 2018.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia otorgó un cambio de medida de detención provisional por depósito domiciliario al exdirector de ingresos, Luis Cucalón.
La medida fue concedida mientras dure la pandemia.
Cabe resaltar que, un juez de Cumplimiento concedió prisión domiciliaria temporal, por el término de tres meses, al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Cucalón el pasado 11 de mayo de 2020.
La decisión se tomó, luego que los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones de manera mayoritaria con un salvamento de voto confirmaron la decisión del Juez de Cumplimiento Roberto Sánchez de concederle prisión domiciliaria temporal por los tres meses.
El 7 de mayo de 2020, el juez Sánchez dispuso el cambio de medida cautelar a Cucalón que se mantenía en la cárcel El Renacer a donde fue enviado tras ser condenado a prisión por irregularidades en el cobro de impuestos cuando estaba a cargo de la Dirección General de Ingresos.
La Fiscalía Especial Anticorrupción apeló la decisión al considerar que no se contaba con un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que determinara que Cucalón no podía seguir cumpliendo la pena de prisión en un centro carcelario, por padecimientos de salud.
Luis Cucalón, quien fue director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el gobierno de Ricardo Martinelli, fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de peculado y corrupción a funcionarios en septiembre de 2018, por irregularidades en el cobro de impuestos a través de la empresa Cobranzas del Istmo, en el 2010.
En este caso el Ministerio Público recuperó la suma de 26.8 millones de dólares para el erario público.
A Cucalón se le investiga desde el año 2015 cuando se le acusó de decretar medida cautelar de secuestro sobre las cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, de la empresa Digicel Panamá S.A.
Además de haber girado notas a los diferentes bancos para que se le diera trámite al secuestro decretado, a pesar que existía una Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por una firma de abogados, la cual fue admitida y notificada previamente a Cucalón.