Cuatro ministros de Gobierno han desfilado en esta administración, pero crisis penitenciaria se agrava

Cuatro ministros de Gobierno han desfilado por el cargo en la administración de Laurentino Cortizo, sin que todavía se haya implementado una política penitenciaria dirigida a terminar con el hacinamientos y enfocarse en la rehabilitación de los privados de libertad.

La población penitenciaria aumenta todos los meses, sin que hasta ahora haya una solución a este problema.

Durante este gobierno se registró la conocida “Masacre de La Joyita”, donde fallecieron 15 detenidos y 13 quedaron heridos. En su momento el presidente Laurentino Cortizo manifestó que el sistema penitenciario estaba podrido y se comprometió a solucionar esta crisis en las cárceles del país.

Actualmente en Panamá hay 21,308 personas privadas de libertad, de las cuales 13,786 han recibido una condena y 7,522 están a espera de ser procesados.

De los privados de libertad condenados 12,944 son hombres y 842 mujeres; mientras que de los procesados 7,246 son del sexo masculino y 276 del sexo femenino.

Del total de privados de libertad hay 20,190 hombres y 1,118 mujeres.

La capacidad de los centros penitenciarios de Panamá es de 14,591 detenidos, por lo cual hay una sobrepoblación de 6,717 personas.

Al respecto el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Arauz señala que son parte de los temas que requieren atención estructural por parte del Estado, “son deudas pendientes con la propia ciudadanía, porque no se puede perder de vista que lo usuarios de las cárceles son hijos, hermanos, vecinos de todos los ciudadanos que habitamos este país por lo tanto atender el problema carcelario es una deuda pendiente e histórica”.

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Recuerda que  cuando se generó la crisis en La Joyita, donde hubo 15 muertos y 13 heridos, se reconoció la gravedad en el funcionamiento del sistema carcelario, también implicó el reconocimiento por parte del propio presidente de la República Laurentino Cortizo de cómo el sistema carcelario estaba podrido y eso implica entonces rediseño de todo lo que tiene que ver con el sistema carcelario, y ello requiere la asignación presupuestaria.

Destaca el jurista que a pesar de que el país pueda estar limitado de recursos hay un elemento importante en el sistema carcelario que es la proyección en materia de Derechos Humanos, ya que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho pronunciamientos que vinculan al sistema carcelario panameño a violaciones, “por eso el punto de partida para un nuevo ministro es como disipar la duda de que el sistema carcelario panameño es un foco de violaciones a Derechos Humanos permanente y diario y cuál sería la estrategia a diseñar, creo que habría que darle oportunidad al ministro Roger Tejada que pueda hacer una proyección de cuáles serían sus compromisos entorno a abordar esta temática compleja de arrastre pero que ya como autoridad está en la obligación de mostrar una ruta un camino con la cual la sociedad pueda confiar en que el infractor de la ley penal pueda también ser devuelto a la sociedad como un ciudadano productivo, un ciudadano competente y ese debe ser el panorama ahora que asume el nuevo ministro”, resalta.

Considera que si bien es un problema de arrastre hay una característica en esta administración gubernamental que reconocen que el sistema carcelario a partir de esa crisis que se generó con las muertes en La Joyita, se reconoció que el sistema carcelario estaba podrido y ese reconocimiento implica una mayor responsabilidad, porque el sistema carcelario necesita todo tipo de auxilio.

“Lo que se debe mostrar es cuáles son los esfuerzos para seguir de ese estancamiento y al día de hoy las voces y todos los actuarios del sistema carcelario panameño coinciden en que hay vulneración a derechos, hay limitaciones por eso el punto de partida es qué hacemos con la realidad ya reconocida por este propio gobierno ahora en manos de un nuevo ministro”, manifiesta Arauz.

Si bien hay algunos centro penitenciarios que cumplen con ciertos parámetros que buscan rehabilitar a los privados de libertad, la gran mayoría de cárceles de Panamá no llenan los mínimos requisitos para capacitar a ese ciudadano que ha faltado a la ley y requiere reinsertarse a la sociedad una vez cumpla su condena.

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