Defensoría del Pueblo pone en conocimiento al Ministerio Público sobre conducta de jueces de paz
La queja, mediante nota del 31 de marzo de 2021, se sustenta en que en reiteradas ocasiones ambos funcionarios rechazaron contestar los Oficios del Defensor del Pueblo.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González
La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del procurador general de la Nación, Javier Caraballo, sobre una serie de hechos que pudiesen constituir un delito de parte de algunos jueces de paz, producto de la conducta y ejercicio del cargo.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, aseguró en la misiva los señores Miguel Palma y Paúl González, jueces de Paz de Calidonia y Curundú, respectivamente, mediante notas dirigidas a la Defensoría, expresan su negativa en contribuir con la entidad, violando el Artículo 27 de la Ley 7 de 1997.
La queja, mediante nota del 31 de marzo de 2021, se sustenta en que en reiteradas ocasiones ambos funcionarios rechazaron contestar los Oficios del Defensor del Pueblo.
"Es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su deber de velar y proteger por los derechos establecidos en el Título III y demás derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, remitió al Ministerio Público estos hechos que pueden considerarse constitutivo de delito", detalla un comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo a lo que establece el artículo 28 y 30 de la Ley 7 de 5 de febrero de 1997, la negativa injustificada de enviar informe o mediante el envío desordenado, negligente o insuficiente de información solicitada o cuando dificultase el acceso a expediente o documento necesario para la investigación, incurrirá en responsabilidad administrativa y penales.
En el comunicado de la entidad también se informó que en los próximos días se estará enviando una nota al Ministerio Público, a fin de conocer el estatus en que se encuentran dos casos presentados por posible abuso policial.
Tres de los cinco casos por la posible vulneración del Derecho a la Vida e Integridad Personal, por el posible delito contra la Administración Pública, contra el Ambiente y Ordenamiento Territorial, entre otros, presentados por la Defensoría del Pueblo ante esta entidad judicial se encuentran en la sección de investigación y seguimiento de causas de la fiscalía del Ministerio Público (MP).
Todas están en la fase preliminar de investigación, según dijo la entidad.
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