Dos procuradores y aún la fiscal Zuleyka Moore no es imputada de cargos

Dos procuradores, han hecho caso omiso para imputar de cargos a la fiscal Zuleyka Moore, tras dos fallos de la Corte Suprema de Justcia (CSJ) que confirmaron que violentó el debido proceso en el caso Odebrecht.

Más de 11 meses han pasado desde que el exprocurador Eduardo Ulloa, admitió una querella contra la fiscal Zuleyka Moore, por el supuesto delito contra la libertad individual.

Este delito quedó debidamente acreditado, mediante un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de habeas corpus de Fredy Barco Vera, donde se decretó que era ilegal la actuación de la fiscal Moore en contra del empresario.

Posteriormente, se presentó una ampliación de la querella, atribuyéndole a Moore, la comisión del supuesto delito de infracción de los deberes de funcionarios públicos, misma que fue presentada el 26 de enero de 2021, estando aún Ulloa como procurador.

Luego de esto, se dio la designación del nuevo procurador encargado Javier Caraballo, sin embargo, la todavía fiscal Zuleyka Moore no es imputada de cargos en este proceso.

El 8 de Marzo de este año, el procurador encargado Caraballo, admitió la ampliación de la querella, incluyéndose el delito de infracción de los deberes de los servidores públicos.

Luego de esto, no ha existido mayor actuación por parte del despacho del procurador de la Nación, que es la oficina competente para atender las querellas contra los fiscales superiores, dijo el abogado Roberto Ruíz Díaz.

Ante esto, el abogado querellante señaló que tuvo que pedir una audiencia de afectación de derechos ante la Sala Segunda de la Corte, esto porque el despacho del procurador no realizó ninguna de las diligencias que pedía la querella y solo ingresaba al expediente, documentos y entrevistas que buscaban beneficiar a la fiscal querellada.

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Con dicha audiencia, indica Ruíz Díaz que se logró que se le tomara entrevista al querellante, que no había sido tomada por las asistentes del procurador general de la nación.

"Es un problema de arrastre el hecho de que sea la misma entidad la que investigue a sus propios fiscales, hay un evidente conflicto de intereses y debería reformarse la ley para que en querellas penales que involucran a fiscales, sea la Procuraduría de la Administración quien los investigue, para darle mayor neutralidad al tema", indicó el jurista Ruíz Díaz.

Agrega el abogado defensor que han pasado más de tres meses, y a pesar de los impulsos procesales presentados, para que se proceda con la imputación formal de cargos, al estar debidamente acreditado el hecho punible querellado, el Ministerio Publico por medio del despacho del procurador general encargado ha guardado silencio absoluto sobre este caso.

La Vistada S.A.

Con relación a la querella presentada contra la fiscal Moore, por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, por parte de los representantes legales de la sociedad La Vistada S.A., en la misma hasta el momento no se ha hecho nada.

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Los propietarios de dicha propiedad fueron objeto de la aprehensión de su residencia, la cual fue decretada ilegal por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Esta querella fue presentada en el mes de enero, sin embargo, el procurador encargado Javier Caraballo, no ha emitido opinión alguna, ni siquiera ha sido admitida, indicó el abogado Roberto Ruiz Díaz.

En este caso, en marzo pasado, se presentó una demanda contenciosa administrativa de indemnización o reparación directa contra del Estado panameño, en la figura del Ministerio Público (MP).

Dicha demanda fue presentada en la Sala Tercera de la Corte, por los perjuicios causados a la sociedad la Vistada, la cual fue aprehendida dentro de las investigaciones seguidas por el caso Odebrecht.

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En la misma se solicitó la suma de $350 mil por daños causados a la propiedad.

Con esta acción, lo que se busca es que se condene a la entidad estatal a indemnizar a Frank de Lima Vargas, esto por haber sido víctima de la fiscal Moore, quien ordenó la aprehensión ilegal de dicho bien.

Además de esto, por retrasar la liberación de la propiedad en el Registro Público, esto luego de que la CSJ acogiera un amparo de garantías.

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