Luis Eduardo Camacho cuestiona actuación del Ministerio Público en caso Odebrecht
Los fondos señalados por el Ministerio Público como supuestas coimas fueron donaciones electorales que Martinelli recibió antes de asumir la Presidencia.
El diputado Luis Eduardo Camacho.
El diputado Luis Eduardo Camacho señaló presuntas irregularidades en el proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht, específicamente en lo que respecta al expresidente Ricardo Martinelli.
Según Camacho, una de las faltas en este proceso es que el documento utilizado por la Fiscalía para encauzar a los acusados establece que el tiempo de los supuestos delitos que se estaban siendo investigados correspondía a hechos ocurridos a partir del 2010.
No obstante, el diputado afirmó que durante el desarrollo del proceso y en sus alegatos, la fiscal Ruth Morcillo sostuvo que Martinelli recibió los fondos ílícitos en el año 2009.
Camacho explicó que el Ministerio Público justificó su acción penal con base en una investigación por supuestos hechos ocurridos desde 2010, mientras que las pruebas presentadas contra el exmandatario se referían a hechos de 2009.
“Jurídicamente, eso ya es un motivo para que Ricardo Martinelli no estuviese dentro de ese proceso”, agregó.
Camacho agregó que esos fondos señalados por el Ministerio Público como supuestas coimas fueron donaciones electorales que Martinelli recibió antes de asumir la Presidencia.
“Yo no conozco a nadie que haya recibido coimas por ser funcionario público antes de ser un funcionario público”, expresó.
Añadió que esas donaciones fueron declaradas por el exmandatario ante el Tribunal Electoral.
“¿Quién va a declarar una coima? ¡No! Entonces, ese proceso es, al igual que el proceso anterior, una aberración jurídica que afecta a mi amigo”, indicó Camacho.
El político cuestionó además que, si una situación de este tipo ocurre con un expresidente de la República, ¿qué no le pueden hacer a un ciudadano común y corriente?.
Cabe mencionar que el juicio por el caso Odebrecht inició el 12 de enero y concluyó el pasado 27 de febrero. A partir de esa fecha, la jueza Baloísa Marquínez dispone de un plazo de 30 días para emitir la sentencia.