Presentan querella contra dos funcionarias de la Fiscalía Anticorrupción

Una querella por el posible delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones fue interpuesta ayer por el abogado Roberto Ruíz Díaz en contra de la fiscal de circuito Ilka Poveda y la secretaria judicial de la Fiscalía Anticorrupción, Nixia Aizpud.

Esta querella se interpuso porque las funcionarias no quisieron recibir un escrito para oficiar al Registro Público una solicitud para que dejara sin efecto la aprehensión de la propiedad de La Vistada S.A., cuyo propietario es el empresario Frank de Lima Vargas.

Ruíz Díaz agregó que este trámite se hace luego de que el 30 de noviembre de 2020, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó ilegal la aprehensión de dicha propiedad dentro del caso de la constructora Odebrecht.

El jurista narró que se apersonó recientemente a la Fiscalía Anticorrupción a entregar la solicitud y en virtud de que no había funcionarios en la ventanilla de atención, fue recibido por una oficial de seguridad quien le recibió el escrito, pasándolo luego a la licenciada Aizpud, quien luego de 20 minutos, salió con la fiscal Ilka Poveda para comunicarle que no le recibirían dicha documentación.

De acuerdo con el abogado, la excusa que le dio la funcionaria fue que ya el expediente del caso Odebrecht había sido enviado al juzgado, esto a pesar de que hace apenas tres días, el procurador general, Eduardo Ulloa, informó al país que la vista fiscal por este proceso aún no estaba completa y que se encontraba en la institución que él dirige.

Añadió que le insistió a las funcionarias que le recibieran el escrito, pero estas no quisieron hacerlo, a pesar de que hay una orden expresa de la Corte Suprema de Justicia, mandato sobre el cual no hay excusa para no cumplirlo.

El abogado defensor indicó que a pesar de que le comunicó a la fiscal Ilka Poveda que solicitaría una cita con el procurador Ulloa para ponerlo en conocimiento de la situación que se estaba dando, la misma le informó que podía "hablar con quien él quisiera", pero que sin ninguna autorización de las fiscales superiores no recibirían la documentación.

Frente a estos hechos, dentro de su querella el jurista solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Atención Primaria separar del cargo a ambas funcionarias mientras dure la investigación, a fin de preservar las constancias procesales y la imparcialidad del despacho de instrucción, por ser ellas las funcionarias del Ministerio Público, a quienes les corresponde la investigación de los hechos denunciados.

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Hay que indicar que dentro de su recurso, como acción civil, el defensor solicita de manera provisional la suma de 10 mil dólares por el daño causado.

Lo que corresponde a una suma aproximada del perjuicio en tiempo invertido, actuación frustrada, honorarios dejados de percibir y demás daños.

La aprehensión de la finca propiedad de La Vistada S.A., ubicada en San Carlos, se dio por órdenes de la exfiscal anticorrupción, Zuleyka Moore, sin embargo, la Corte Suprema, luego de analizar un amparo de garantías constitucionales, determinó que este bien no tiene relación con las investigaciones que se realizaron en este proceso legal.

La exfiscal anticorrupción, violando procedimientos legales para ordenar la aprehensión de dicho bien, afirmó que el exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima Gercich (hijo del propietario del bien), canceló compromisos bancarios siendo funcionario público por altas sumas de dinero.

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Esta acción de amparo de garantías constitucioanles contó con la aprobación de los magistrados Olmedo Arrocha, José Ayú Prado, Cecilio Cedalise, Hernán De León y Ángela Russo.