OEA pone condiciones a Nicolás Maduro para reconocer las elecciones de diciembre

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que pone condiciones al "régimen ilegítimo" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para reconocer los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela programadas para el 6 de diciembre.

La iniciativa se aprobó durante la Asamblea General con el voto a favor de 21 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962); mientras que 9 se abstuvieron y cuatro votaron en contra: San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Antigua y Barbuda y Dominica.

El texto establece que el reconocimiento de los comicios "dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia, garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía".

Sin embargo, el grueso de la oposición ya ha anunciado que no participará en las elecciones por considerarlas fraudulentas.

El Gobierno de Maduro ha inhabilitado a miembros de partidos opositores, incluido Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones; y, además, algunos diputados opositores han sido detenidos y otros han huido para evitar ser capturados.

Liberación de "presos políticos" 

Además de la participación de todos los partidos políticos, la OEA pone como condición para reconocer los resultados electorales "la liberación de los presos políticos" y la presencia de una "observación electoral internacional independiente y creíble".

No obstante, ya es demasiado tarde para establecer misiones de observación porque, tal y como está establecido para cualquier país, esos entes deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos.

El Gobierno de Maduro invitó a una misión de observación de la Unión Europea (UE), pero lo hizo fuera de plazo.

Por tanto, en términos prácticos, el texto de la OEA establece una base jurídica que sirva para desconocer los resultados de las elecciones de diciembre y el posible retorno de la Asamblea Nacional a manos chavistas, tras cinco años en poder de la oposición.

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Por último, la resolución insta a que se convoquen, "lo más pronto posible, elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y legítimas, con observación internacional independiente y creíble que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente y de acuerdo con la voluntad del pueblo venezolano".

El texto se refiere al Gobierno de Maduro como "régimen ilegítimo" a pesar de que la OEA, como organismo internacional, no puede reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela, algo que es competencia exclusiva de cada Estado en base a su soberanía.

La resolución se titula "La carencia de condiciones democráticas mínimas, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela" y fue presentada por doce países: Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Venezuela está representada en la OEA por Gustavo Tarre, nombrado por Guaidó, ya que la Venezuela de Maduro abandonó el organismo por petición propia en abril de 2019 al considerar que el bloque hemisférico se había convertido en un instrumento de Washington.

"Nicolás Maduro está ansioso por hacer fraude electoral"

Las declaraciones de algunos de los países que impulsaron la resolución, como Colombia y EE.UU., fueron especialmente duras con Maduro.

En concreto, el embajador colombiano ante la OEA, Alejandro Ordóñez, afirmó: "Colombia claramente identifica que en Venezuela no existen condiciones mínimas para llevar a cabo unas elecciones transparentes y que Maduro está ansioso de llevar a cabo un fraude electoral el 6 de diciembre, burlándose una vez mas de los principios y valores del sistema interamericano".

Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, acusó a Maduro de intentar socavar la AN por ser "la única institución legítima que queda en Venezuela".