Gobierno solo incluye a opositores en querella presentada ante el MP
La denuncia del Gobierno confirma la selectividad de la justicia en Panamá que han venido denunciando desde hace meses abogados y varios sectores de la sociedad civil panameña.
Sectores cuestionan falta de legitimidad en investigación sobre pago de sobornos.
La querella que interpuso el ministro Alexis Bethancourt ayer ante el Ministerio Público solo incluye a la Promotora y Desarrollo Los Andes y no a allegados al Gobierno ni a las firmas de abogados de altos funcionarios del varelismo que se mencionan en el expediente elaborado en Suiza.
La denuncia de Bethancourt, por órdenes del Consejo de Gabinete, no incluye, por ejemplo, a la sociedad Active Capital Holding, en la que figura Margarita de Niño, cuñada de José Luis Varela, hermano del presidente Juan Carlos Varela.
En las pesquisas hechas en Suiza, se menciona que la citada sociedad recibió más de $63 millones de Odebrecht en transacciones consideradas como irregulares.
Tampoco se menciona a la firma de abogados del diputado oficialista José Alberto Rosas. La firma de Rosas recibió $1.4 millones en transacciones de Constructora Internacional del Sur, relacionada con la empresa brasileña Odebrecht.
Rosas aceptó que recibió el pago, pero lo justificó diciendo que fue por servicios legales.
Diferentes sectores de la sociedad se quejan de la selectividad con que el Ministerio Público lleva adelante las pesquisas de Odebrecht, por la protección que brinda a allegados al Gobierno y a Varela directamente.
Por otro lado, el llamado de la procuradora Kenia Porcel a los implicados en el caso Odebrecht de acogerse a la Ley 4, que trata sobre la delación premiada, buscaría beneficiar a directivos de la constructora y allegados al Gobierno.
Tal planteamiento es hecho por sectores que sostienen que las investigaciones por pago de coimas carecen de legitimidad y transparencia, al no integrar dentro de sus pesquisas a funcionarios de la administración del presidente Martín Torrijos y de Varela.
Porcell dio por hecho que entraría en vigencia una ley sancionada en tiempo récord por el Ejecutivo y auspiciada por la Asamblea Nacional que permitiría a los delatores del caso Odebrecht salir ilesos de la investigación.
Hizo un llamado para que "las personas implicadas en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña acudieran hasta el 1 de junio para colaborar con la justicia a cambio de beneficios legales (...)".
La procuradora, en conferencia de prensa adelantó información de la reunión realizada en Brasil el 16 de febrero con los fiscales que investigan el caso Odebrecht y Lava Jato.
La Ley N°4 que reforma los códigos Judicial, Procesal y Procesal Penal fue publicada en Gaceta Oficial el pasado 17 de febrero y permitirá acuerdos de penas en el sistema inquisitivo.
"Si Panamá se pone a tono con el resto de los países que permiten beneficios a todas las personas que tienen información relevante y que el MP logre comprobar que la información es la correcta entonces tendrá un beneficio", dijo.