Roberto Eisenmann trata de justificar a su nieto político

La detención preventiva de Pablo Ruiz Obregón, esposo de la nieta de Roberto “Bobby” Eisenmann, por orden de la Fiscalía Segunda Anticorrupción, sería con privilegios, a pesar de que la noche del lunes se convirtió en el segundo empresario detenido en el caso de las supuestas irregularidades en la compra y distribución de mochilas escolares. El empresario Pablo Ruiz Obregón está casado con Vanessa Romero, nieta del presidente vitalicio de La Prensa, Roberto Eisenmann, de quien ha recibido un trato mediático. Desde ese medio (La Prensa), Obregón recibió una campaña de apoyo a la tesis de su no participación en las irregularidades de la distribución de las mochilas en Darién, sector del país donde el empresario era responsable. No obstante, luego de conocerse la detención de Ruiz Obregón, Eisenmann escribió en su cuenta de Twitter: “Llevo lágrima en el alma por mi amada nieta y sus dos pelaítos, nuestros bisnietos. Su joven esposo, por aceptar trabajo a su padre... fue detenido”, excusó “Bobby” Eisenmann.  “A mí me sorprendió mucho cuando se ordenó su detención, porque había una campaña mediática por parte de La Prensa para formar la imagen de que en este caso otra empresaria había cometido delito, pero supuestamente este muchacho no había hecho nada”, expresó el abogado Víctor Almengor, defensa de Poulett Morales, contra quien también se giró detención preventiva. Trato especialDesde el pasado 2 de junio, Obregón fue beneficiado con un trato preferencial por parte de la fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce, quien se cuidó de que no fuera expuesto a los medios, como sí se hizo con Poulett Morales, la otra empresaria investigada. En una primera indagatoria, Broce dijo haber recibido una “documentación que justificaba” la no comparecencia de Obregón, cuando solo se entregó un escrito de su abogado. “Con la detención ordenada ayer, la fiscal trata de lavar la cara de La Prensa, y de lavarse la cara ella misma, porque ha cometido muchas faltas en esta investigación”, sentenció Almengor. Ayer, en horas del mediodía, y a la salida de la extensa indagatoria, el abogado defensor de Obregón, Gustavo Pereira, calificó la detención preventiva ordenada por Vielka Broce como “excesiva, extremadamente severa, no ajustada a la realidad procesal de él (de Obregón) ni con las exigencias cautelares”. Pereira argumentó que su representado no constituye peligro de fuga ni peligro de desatención al proceso, e insistió en que la detención preventiva ordenada por Broce en contra de Pablo Ruiz Obregón “es totalmente ajena a la realidad procesal”. Y al ser consultado si en la indagatoria hubo presión para acusar a terceros, específicamente a Mario Martinelli, el abogado Pereira se mostró esquivo: “No tenemos más que manifestar”, indicó a los periodistas que le preguntaban. Confirmó que presentará “acciones en derecho” para apelar la detención preventiva. Lo cierto es que una investigación realizada por la DIJ en Darién aporta suficientes pruebas para presumir irregularidades cometidas por la empresa Hialing Corporation, que tiene como representante a Pablo Ruiz Obregón. Y por insólito que resulte, dicha investigación de la DIJ fue utilizada como sustento para ordenar la detención de Poulett Morales, de APM Suplies, a pesar de que esta empresa no tenía que repartir mochilas en Darién, sino en el occidente del país. En la detención de Morales, la fiscal Vielka Broce también dejó por fuera 100 actas firmadas por el Meduca que confirmaban que todas las mochilas habían sido entregadas, así como un testimonio y acta firmada entregada en sus propias manos por la directora de la escuela Daniel Octavio Crespo, en Chiriquí. El empresario Ruiz Obregón también estaría implicado en el caso de la compra de granos, en el que se le acusa por delitos contra la administración pública, corrupción de servidores públicos, estafa y fraude. Apela a la inocencia En su defensa, Pablo Ruiz Obregón negó estar vinculado con Rafael Guardia Jaén, al señalar que su empresa, Hialing Corporation, había ganado los contratos superando el límite que Guardia Jaén, como director ejecutivo del PAN, podía aprobar.  Incluso atribuyó que las órdenes de compra de granos debían pasar primero por el consejo directivo del PAN y bajo la fiscalización de la Contraloría. El consejo directivo del PAN estuvo integrado en ese entonces por los ministros de la Presidencia, Obras Públicas, Educación y Desarrollo Social, y un diputado. Ruiz Obregón intentó justificar cómo los productos solicitados por el PAN fueron vendidos al Estado en un precio mayor a los del mercado, pero sin representar sobreprecios. No obstante, no pudo explicar el método por el cual se adjudicó un contrato de $4 millones 500 mil.  También habría trabajado con la empresa Vafepa, en la que tenía los mismos socios y utilizaba el mismo sistema de repartición de ganancias y operación que Hialing, los cuales recibieron la misma invitación para sacar a licitación servicios. Fiscalía retardaría la indagatoria contra Ruiz Obregón La Fiscalía Segunda Anticorrupción investiga la compra de 600 mil mochilas a un costo de $12 millones mediante el Programa de Ayuda Nacional (PAN) desde hace dos meses, no obstante, hasta ahora se gira orden de conducción contra el empresario Pablo Ruiz Obregón. La empresaria Poulett Morales fue indagada el pasado 16 de abril por la fiscal Vielka Broce, quien estaría al frente de la investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, y quien ahora citó a Ruiz Obregón. Morales habría declarado que dicho proyecto era 100% transparente y estaba interesada en que el pueblo lo supiera. “No vine solamente a hablar, sino a traer pruebas sumamente importantes para esta investigación”, indicó la empresaria Morales tras haberse presentado voluntariamente. La acusación además se sustenta en que las sociedades APMSupplies y Comercializadora Galbedusa, de propiedad de Morales, habían vendido mochilas y electrodomésticos al Ministerio de Educación (Meduca) y el Programa de Ayuda Nacional. La solicitud de compra también fue girada el 14 de julio de 2011, antes de que se rompiera la alianza entre CD y panameñistas, para incluir en el temario de un consejo de Gabinete el análisis de una resolución para contratar directamente a tres empresas que ofrecieran el servicio.