Vergonzosa y reinante impunidad de alto perfil

¿Será cierto que hay sujetos para quienes el brazo de la justicia jamás los tocaría?

¿Será cierta la tesis de que el manto de la impunidad tan solo arropa a aquellos que tienen el poder económico o político, también el social, de frustrar o cooptar a la justicia penal, entre tanto que a los hijos de la que plancha, de la cocinera, del pobre, les cae la teja de la condena penal y el sórdido y odioso dictamen de: ¿"A la reja"?

En este país se viene hablando de certeza del castigo.

Me gusta la expresión.

Que haya certeza de la pena.

Pero ¿qué es lo que realmente se quiere indicar con ello?

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Una sentencia penal, mediante la cual se ha condenado o declarado culpable a una persona, impone siempre una pena: de prisión, días multas, trabajo comunitario como pena sustitutiva, etc.- La pena, al menos literalmente, se tiene por cierta, máxime cuando ha hecho estado en lo que los procesalistas denominamos "tránsito a la sentencia firme y ejecutoriada", expresión con la cual se quiere indicar que ya no caben recursos de ninguna naturaleza, es decir, la sentencia ha quedado en firme adquiriendo las características de inimpugnable e inmutable.

Solo así, y de este modo, adquiere el carácter de "cosa juzgada", en realidad "caso juzgado".

Ahora, para complementar la realización plena de esa certeza del castigo, intervienen los Jueces de Cumplimiento teniendo competencia penal para resolver todo cuanto atañe a ese efectivo cumplimiento de pena y teniendo facultades legales, inclusive, para variar o cambiar la pena principal por penas sustitutivas.

Hay aquí una especie de invasión de la competencia en cuanto el juez de cumplimiento tiene el poder legal de variar lo decidido por un juzgado penal que ha conocido del proceso ordinario, sin embargo, legitimado por la propia Ley que le ha conferido a dicho juez tal facultad.

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Con lo anterior, tendríamos que concluir, que la certeza del castigo, nunca termina con la dictación de la sentencia de condena penal, aun cuando esta haya adquirido el carácter del caso ya juzgado.

Ello es sencillo de comprender, conforme lo hemos explicado, dando una leve mirada a la actuación el Juez de Cumplimiento que, a mi juicio, más que juez, propiamente tal, no es más que un mero administrador judicial de penas y de todo cuanto atañe al cumplimiento de ellas.

Viene así, de este modo, a adquirir otra connotación el concepto o la frase de la "certeza del castigo" haciéndose un tanto difuso o intermitente en la medida que la pena, propiamente tal, pareciera estar neutralizada, sus efectos, por una serie de subrogados penales que, al final de cuentas, terminarán dando fe que, por encima de la pena, habrán de existir otros sustitutos que, aunque no teniendo el carácter aflictivo de la privación de la libertad, al menos presentan la especial virtud de buscar la efectiva rehabilitación y resocialización del transgresor de la norma penal.

Sin embargo, esto no es negativo.

Por el contrario, es bueno.

Hay certeza al menos de lo siguiente: Que el sujeto, judicialmente, ha sido transgresor del ordenamiento penal, es decir, un delincuente y ello sin excluir la posibilidad concreta de los errores judiciales que se cometen, a diario, condenando al inocente y declarando inocente al culpable.

Existe en nuestro medio impunidad.

Claro que sí.

Pero no del tipo de impunidad que nos quieren imponer los medios de comunicación, a diario, en las noticias frente a la aplicación de subrogados penales por parte de los jueces de cumplimiento a hombres y mujeres de nuestro pueblo.

No, la cosa no es así.

La impunidad hay que buscarla en otros lares o niveles.

Prueba de ello que nada, en lo absoluto, ha pasado, con el sinnúmero de hechos y circunstancias que hacen tránsito a delitos propiamente tal y relativos a delitos contra la administración pública, conforme se ha dejado constancia en los llamados "Varelaleaks".

Por el contrario, la burla y la mofa siguen, sin dejar a un lado la complicidad de no pocos, dentro del gobierno y fuera de él, que nada dicen y nada hacen frente a esa ola de impunidad que es la que realmente daña al país, pues los impuestos y tributos del pueblo panameño, los ingresos del Estado, son hechos añicos por el latrocinio y la robadera sin límites.

¡Qué tristeza!

Si el que roba la gallina del vecino va para las rejas, ¡el que roba millones ni siquiera se asusta!

Abogado.