Admiten plan de retiro voluntario para el sector público; Comisión de Salud atiende a víctimas del dietilenglicol
Asamblea prohíja anteproyecto para dar un incentivo de hasta 12 meses de sueldo a funcionarios jubilados que se acojan al retiro voluntario del Estado.
Admiten plan de retiro voluntario para el sector público; Comisión de Salud atiende a víctimas del dietilenglicol
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Crispiano Adames, prohijó un anteproyecto de ley que busca crear un programa de incentivos al retiro laboral voluntario dirigido a los servidores públicos que ya cuentan con la condición de jubilados o pensionados.
La propuesta, impulsada por el diputado Javier Sucre, busca incentivar la desvinculación voluntaria de aquellos funcionarios que devengan salarios bajos para permitir la renovación de la planilla estatal y ofrecerles un respaldo económico para su retiro.
Es un proyecto que venimos analizando desde 2021; los jubilados que tienen salarios bajos tienen derecho a pasar a una mejor calidad de vida, argumentó el diputado Sucre durante la sesión legislativa.
El documento establece la entrega de un incentivo directo de un mes de sueldo por cada año laborado, con un tope máximo de hasta 12 meses de salario promedio. Este cálculo se realizará sobre la base de los 10 mejores años de sueldo percibidos en la administración pública (o el promedio del tiempo total si este fuera menor a una década).
Para calificar al programa de retiro, la propuesta exige el cumplimiento de los siguientes criterios.
El primero tiene relación con la antigüedad y condición: Contar con un mínimo de cinco años continuos de servicio en la administración pública y estar debidamente pensionado o jubilado por la Caja de Seguro Social (CSS).
Así como un historial administrativo: No mantener procesos disciplinarios abiertos por faltas graves ni investigaciones o condenas penales en perjuicio del Estado.
Y el trámite formal Aceptar formalmente la oferta institucional y presentar la renuncia voluntaria con al menos 30 días calendario de anticipación a la fecha de efectividad.
Las instituciones públicas serían las encargadas de enviar la oferta formal a aquellos funcionarios que reúnan el perfil requerido.
Durante la misma jornada, se concedió una cortesía de sala a representantes de los afectados y familiares de las víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol.
En representación del colectivo, la vocera Omaira Tristán expuso las dificultades de salud y económicas que enfrentan de manera cotidiana, exigiendo un seguimiento continuo a sus demandas de atención médica y pensiones.
"Seguimos en la lucha contra esta situación. Lo que se padece es difícil y no es justo, pero somos parte de la historia de este país", enfatizó Tristán ante los parlamentarios.