Déficit habitacional golpea económicamente al Estado

Entre aguas servidas, basura, inseguridad, hacinamiento, roedores y cucarachas, transcurren los días para más de 30 familias reubicadas en el albergue La Estancia, en el corregimiento de El Chorrillo, en la ciudad capital.

Son familias que llegaron a estas estructuras bajo promesas de solución habitacional, damnificados en siniestros y otros que fueron desalojados de edificios condenados o inmuebles que han sido reclamados por sus propietarios.

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No obstante, lo que suponían sería temporal se convirtió para muchos, como Zeila Ruiz o Carla (nombre ficticio), en años de penuria. Son mujeres, jefas de familia que por más de siete años han visto crecer sus hijos, migrando entre albergues estatales y llenando todo tipo de documentación con la esperanza de que se les otorgue un hogar digno.

Tanto Zeila Ruiz, o Carla, ha recorrido al menos tres albergues antes de llegar a La Estancia, con las mismas necesidades y carencias en materia de sanidad básica.

"Aquí nosotros nos aseamos en baños sin puertas; los cuartos están deteriorados; los sanitarios están tapados, se desbordan; el sistema de electricidad colapsó y a veces nos pasamos electricidad a través de conexiones ilegales y peligrosas', afirma Carla.

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Estas denuncias también son respaldadas por la juez de paz de El Chorrillo, Erika García, quien además de recibir la queja de inseguridad e insalubridad de estas familias, también comparte junto a un centro parvulario ubicado en el lugar, los malos olores y las alimañas que migran hacia las oficinas que colindan con el viejo edificio.

"Yo tengo un año y diez meses de estar aquí y el problema es latente. Cuando llueve y se inunda ese edificio, los mosquitos y las ratas pasan a nuestra oficina y al centro parvulario", afirma la funcionaria. 

La realidad de La Estancia se replica en los casi 18 albergues "temporales" que existen en la ciudad de Panamá, y que acogen a unas 362 familias, que no cuentan con hogares dignos, ni con los recursos necesarios para escapar de la miseria en la que viven. Se trata de al menos 1,064 personas, en su mayoría mujeres, niños, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, la cifra de personas sin hogar en Panamá o que viven en condiciones infrahumanas podría ser mayor, considerando que en la provincia de Panamá existen aún 84 inmuebles condenados en 10 corregimientos del distrito capital, mientras que en la provincia de Colón, en los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha contabilizado un total de 115, que se suman a 2 inmuebles que se ubican la provincia de Chiriquí, específicamente en el corregimiento de Dolega. La mayoría de estos caserones condenados están construidos con material combinado entre cemento y madera, indica el documento.

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Además de un tema social, el déficit habitacional que existe en el país se ha convertido en un gran problema económico para el Estado, así lo reconoce la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Inés Samudio.

Entre el 2010 y el 2019 el Miviot ha desembolsado al menos, 3 millones 255 mil 783 dólares en pago de alquiler social, cifra que aumenta año tras año.

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Esta cifra puede ser mucho más alarmante, si le agregamos los 8 millones 813 mil 400 dólares que ha cancelado el Gobierno desde el año 2010 hasta diciembre de 2019 en concepto de pago en subsidio a damnificados que por hechos de contingencias se mantienen alojados en hoteles, detalla un estudio preliminar del Ministerio de Vivienda, que aún se mantiene en un proceso de verificación.

Esta situación también fue analizada por las actuales autoridades, tras el fuego que consumió el inmueble 1949, ubicado en Avenida A en el corregimiento de El Chorrillo, y que dejó al menos 35 familias sin hogar, y un bombero fallecido, a finales de septiembre.

Las familias damnificadas fueron albergadas en pensiones. A principio de año, otras 11 familias que vivían en el viejo caserón 11071 quedaron a la intemperie producto de un voraz incendio que consumió la infraestructura.

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En el 2018, tres infraestructuras históricas en el corregimiento de San Felipe fueron también consumidas por un fuego, se trata de la casa La Boyacá, Casa de Francia y Casa Rosada que dejaron como saldo 41 familias, 33 de ellas fueron trasladadas a hoteles, y solo ocho contaban con familiares donde ser acogidas.

Proyectos

Al respecto, la ministra Inés Samudio aseguró que a través de la recién aprobada Ley 93 que crea el régimen de Asociación Público Privada (APP) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN), se están canalizando estrategias para desarrollar infraestructuras que representen soluciones de viviendas efectivas para estas personas, y que no representen pérdidas económicas para el Estado.

Para Samudio la inversión que realizó el Miviot en la administración pasada no está acorde con las soluciones habitacionales que se otorgaron en el país. No obstante, aguardan por la conclusión del proyecto de Ciudad Esperanza, y otros proyectos habitacionales a nivel nacional.

Los planteamientos no dejan de ser esperanzadores para los residentes del albergue La Estancia, sin embargo, para Carla, la propuesta del Miviot no implica una solución.

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Carla llegó a La Estancia en el año 2005, transferida de otro albergue en el sector de Barraza, 14 años después es testigo de que por cada solución habitacional que brindó el Gobierno, únicamente entre una o tres familias que están en los albergues son consideradas.

"Hacen un proyecto y sacan a una o dos personas del albergue. En el proyecto de Villa Olga y Ciudad Esperanza solo se benefició a una persona del albergue La Estancia", explicó.

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Según datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en el pasado quinquenio se adjudicaron 51 contratos, por el orden de 532 millones de dólares para la construcción de 36 mil 99 soluciones de viviendas, no obstante, el programa insignia del presidente Juan Carlos Varela está bajo auditoría.

Mientras las soluciones llegan desde el Ministerio de Vivienda, en la Junta Comunal del corregimiento de El Chorrillo y la Casa de Paz coordinan giras con el centro de salud para la atención médica de adultos mayores y menores de edad, así como la limpieza del albergue La Estancia para evitar una epidemia.

"Yo estoy atada de manos, porque como juez de paz no tengo la competencia de coordinar un albergue, ni los recursos, como tampoco tengo el personal para garantizar la seguridad de estas familias. Eso es competencia del Ministerio de Vivienda", advierte Erika García, juez de paz de la comunidad.

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La escasez de vivienda también está generando otro tipo de problema social, como las invasiones de tierras.

En el 2015, las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial identificaron un total de 240 mil personas que habitaban en unos 398 asentamientos informales, muchas de ellas en condiciones no aptas para el desarrollo humano en todo el país. De estas, al menos 220 estaban en medio de un proceso de legalización.

La actual administración encontró 408 asentamientos informales al llegar en julio de 2014, en diferentes trámites.

Solamente en el corregimiento de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, unas 800 familias del asentamiento informal de Altos de Palma Real reclaman soluciones habitacionales.

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En tanto, en la comunidad de Broklincito, en la ciudad capital, el Miviot adelanta un proyecto habitacional para 200 familias que construyeron sus viviendas en un terreno propiedad del Banco Hipotecario Nacional, que siendo un asentamiento informal cuentan con los derechos de ocupación de los mismos.

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