Ejecutivo presentará ante la Asamblea proyecto que moderniza la Ley de Carrera Administrativa

El Consejo de Gabinete aprobó este martes el proyecto de ley 21-25, que subroga la Ley 9 de 20 de junio de 1994 —que establece y regula la Carrera Administrativa.  El proyecto de ley establece una transformación estructural de esta institución, mediante la creación del Instituto Nacional de Administración Pública dentro de la Dirección General de Carrera Administrativa, como una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia con autonomía técnica y funcional. Su objetivo es garantizar la profesionalización, transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público. 

La reforma, que cuenta con el consenso de los grupos de trabajadores organizados, fortalecerá la Carrera Administrativa al aplicar los principios de mérito, equidad, inclusión, legalidad y eficiencia, con lo cual contribuye al desarrollo institucional, la estabilidad del empleo público y la mejora continua del servicio al ciudadano.

Actualmente, solo el 5% de los funcionarios (13,086 trabajadores, de un total de 260 mil) se encuentran en el estatus de Carrera Administrativa. Esta situación presenta limitantes para la realización de evaluaciones. Con este proyecto de ley, todos serán incorporados con transparencia, para asegurar calidad y resultados al servicio de la ciudadanía. 

El diagnóstico también revela que 87% de los servidores públicos en puestos de carrera no cuentan con el estatus correspondiente. Esta reforma corrige esa injusticia, al dar estabilidad, igualdad y reglas claras. 

De acuerdo con la sustentación del proyecto ley, el objetivo es alcanzar una Administración Pública racional y profesionalizada, compuesta por servidores públicos que aporten valor y resultados. A la vez, se asegura que la permanencia en el servicio sea producto del mérito, el desempeño y la contribución efectiva al interés general. Este proceso contribuirá, además, a la optimización de la gestión del recurso humano estatal, orientándose hacia un Estado panameño ágil, moderno y dotado de los mejores talentos al servicio del país.

El proyecto de ley, que será enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, recoge las mejores prácticas internacionales, los aprendizajes derivados de las experiencias previas en la implementación de la Carrera Administrativa según recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Con ello se cerraría la puerta a prácticas clientelistas, nombramientos por política, y se garantiza que los mejores talentos ingresen y asciendan en el Estado. 

A la vez, la población recibirá un servicio de calidad en las entidades públicas abriendo paso a un Estado más eficiente, estable y profesional, con funcionarios preparados y comprometidos con el país. Además, se consolida una autoridad de control independiente, autónoma y con un director con capacidad técnica y escogido por mérito. 

El proceso de formulación de este proyecto de ley fue enriquecido en un amplio y riguroso proceso a través de una Mesa Técnica Interinstitucional en la que participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Procuraduría de la Administración, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado, Secretaría de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, entre otras entidades clave. Durante más de 25 sesiones de trabajo, se realizó una revisión exhaustiva y consensuada de cada disposición del borrador, incorporándose valiosos aportes que fortalecen la viabilidad normativa, operativa y financiera del texto. 
  
De igual forma, esta iniciativa valora y toma en cuenta la propuesta entregada por el diputado Roberto Zúñiga al Órgano Ejecutivo, por medio de la Directora General de Carrera Administrativa. Dicha propuesta fue el resultado de seis amplias mesas de trabajo multisectorial, que tuvieron como propósito identificar los desafíos que afronta la carrera administrativa y proponer los cambios necesarios a la Ley 9 de 1994. La misma fue convocada por el diputado Zúñiga y participaron representantes de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (Fenasep); Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato); la Procuraduría de la Administración, Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá; la Cámara de Comercio; y el Ministerio de la Presidencia, representado por la Dirección General de Carrera Administrativa, 

El proyecto de ley traza los siguientes objetivos fundamentales: Consolidar un sistema de Carrera Administrativa basado en el mérito como principio rector para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio público; establecer mecanismos modernos, universales y objetivos de evaluación del desempeño, aplicables a todos los servidores públicos del Estado; restablecer y fortalecer los concursos públicos como mecanismo obligatorio y riguroso para el ingreso y la movilidad en la Carrera Administrativa; fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los procesos de gestión de personal mediante la implementación de un Sistema Integrado de Recursos Humanos del Estado Panameño; crear el Instituto Nacional de Administración Pública como ente autónomo, técnico y objetivo, responsable de la rectoría integral del sistema de gestión de recursos humanos, con independencia funcional y capacidad institucional plena; y promover la equidad y la sostenibilidad fiscal en la administración del recurso humano, contribuyendo así a una gestión pública más responsable y eficiente.

Con este proyecto de ley, Panamá estará dando un paso decisivo para superar las limitaciones del actual sistema y avanzar hacia un modelo de servicio civil profesional, estable y comprometido con los intereses de la ciudadanía, en consonancia con los más altos estándares internacionales y con los objetivos estratégicos de nuestro país.

El proyecto de ley de Carrera Administrativa constituye, por tanto, un instrumento esencial para materializar los compromisos de modernización del Estado y fortalecimiento institucional contenidos en el Plan de Gobierno 2024-2029, al dotar al Estado panameño de un marco legal moderno y eficaz para la gestión del talento humano.