Mulino anuncia revisiones al decreto que regula 'apps' de transporte: 'No estamos para perjudicar a nadie'
El presidente se reunirá el lunes con la ATTT y el Ministerio de Gobierno.
El presidente Mulino ha tomado en cuenta la opinión de la gente.
El presidente José Raúl Mulino informó este sábado que evaluará la próxima semana el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 que reglamenta el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado a través de Tecnologías de la Información y Comunicación, con tarifas especiales pagadas electrónicamente y en efectivo.
De acuerdo con el mandatario, ha estado leyendo muchas opiniones sobre este decreto por lo que el lunes se reunirá con autoridades de ATTT y el Ministerio de Gobierno para revisar todos esos puntos de vista.
"No estamos para perjudicar a nadie y se busca mejorar con seguridad el servicio", expuso el jefe del Ejecutivo.
El decreto ha generado un descontento ciudadano entre usuarios y conductores de estas plataformas debido a la larga lista de requisitos que los iguala con los taxis, cuyo servicio es objeto de quejas constantes.
Frente al escenario planteado, Uber manifestó que hará las evaluaciones pertinentes, mientras inDrive advirtió de serias afectaciones al servicio.
Según la compañía, más del 95 % de los conductores que utilizan aplicaciones de movilidad lo hacen de manera parcial o intermitente, como complemento a otras actividades económicas.
En ese contexto, inDrive advirtió que las medidas planteadas en el proyecto regulatorio trasladarían el modelo de las plataformas digitales hacia un esquema similar al transporte tradicional, incorporando requisitos que limitarían la participación flexible de los conductores.
Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran la exigencia de placas y distintivos específicos para los vehículos, la obligatoriedad de contar con un certificado de operación y el aval de una organización de transporte prestataria.
De acuerdo con la empresa, estas condiciones representarían barreras operativas y administrativas que muchos conductores no podrían cumplir, reduciendo de forma significativa la oferta de vehículos, especialmente en zonas urbanas.