Mulino exige investigación por la compra irregular de perforadoras y bombas sumergibles
La entrega real de las perforadoras se hizo el 30 de junio de 2024, es decir, seis meses después de su supuesta recepción formal.
El presidente de la República, José Raúl Mulino.
El presidente, José Raúl Mulino, dio instrucciones al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, para que curse la información al Ministerio Público y se inicie una investigación rápida y exhaustiva sobre la compra irregular de máquinas perforadoras para pozos de agua.
En la conferencia de prensa semanal, Mulino detalló que las perforadoras que adquirió el Ministerio de Salud (Minsa), se pagaron por adelantado en mayo de 2024, sin haber sido recibidas en Panamá, a pesar que en las actas se hizo constar que las recibieron en diciembre de 2023.
Mulino aclaró que la entrega real se hizo el 30 de junio de 2024, es decir, seis meses después de su supuesta recepción formal.
Según el mandatario, en esta entrega no hubo un acta oficial y las perforadoras fueron ubicadas en el patio del antiguo hospital Matías Hernández, dos días antes de dejar el gobierno.
Además, el manual de instrucción de las perforadoras fueron proporcionadas en el idioma chino, sin que ningún funcionario pueda entender la manera de usarlas.
Mulino señaló que tampoco se puede establecer con certeza el criterio técnico, ya que no se tienen las especificaciones de las perforadoras, ni se ha capacitado al personal del Minsa para operarlas, por lo que no existe certeza de que funcionen correctamente.
Para Mulino, este es un tema delicado porque iban a iniciar la perforación de pozos en el país, junto con las que tiene el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), pero por el momento no se pueden utilizar.
Por otro lado, Mulino explicó que la adquisición de las bombas sumergibles para la extracción de agua, una vez adjudicada la compra, el proveedor de manera unilateral indicó que no mantenían disponibles las bombas descritas en el contrato, y mediante notas informaron que reemplazarían los equipos sin ningún tipo de adenda, o documentación que acreditara la procedencia del cambio y su compensación económica.
Agregó que las antiguas autoridades aceptaron dichos cambios en las especificaciones sin contar con el aval de la Contraloría General de la República, contrariando lo postulado en la ley de Contrataciones Públicas.