Defensoría falla en materia de los derechos humanos

Mientras Panamá trata de cumplir de una u otra manera con los derechos humanos de la población, miembros de la sociedad civil señalan que no han hecho su mejor esfuerzo, razón por la cual ha sido demandada varias veces en los últimos años.

Para el abogado y activista de la sociedad civil Roberto Troncoso, Panamá no está mal, sobre todo en derechos civiles y políticos, pero quizás se ha quedado atrás en los derechos económicos y sociales.

"Lamentablemente, el ente que tiene que ser más protagonista en este tema es la Defensoría del Pueblo y en los últimos siete años no se le escucha ni tampoco ha dicho nada que se le pueda valorar en materia de derechos humanos", manifestó Troncoso.

Considera que la Defensoría del Pueblo está atada de manos para actuar.

"Derechos humanos es mucho más que dos palabras conformadas por 14 letras, en la medida que tengamos una persona que se queda en un cuarto refrigerado y no sale a ser protagonista e ir al encuentro de los temas que agobian a la sociedad, es como si no existiera", dijo.

Explicó que las condenas contra Panamá no son más que las respuestas que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el desconocimiento o por abuso del derecho de los trabajadores, individual o colectivamente, por lo que se le debe prestar más atención.

A juicio de Troncoso, si la Defensoría del Pueblo hubiera tenido un protagonismo en este tema, ninguna demanda hubiera llegado a la CIDH.

"Esta entidad debe jugar un papel importante, por lo que debería estar presente. Esta es una labor 24/7 y no de ocho horas, y es allí donde se está equivocando el rumbo", añadió.

"Yo creo que se ha dejado de actuar y la gente percibe que no está recibiendo proporcionalmente lo que debe hacer una defensoría", sostuvo.

Alfredo Castillero Hoyos, defensor del pueblo indicó, que la defensoría no tiene poder coercitivo, pero sí puede hacer inspecciones ante cualquier instancia que sea objeto de una queja de violación de derechos humanos.

Añadió que la defensoría puede interponer recursos judiciales, actuar ante los servicios públicos, puede elaborar propuestas de ley y someterlo a consideración de los diputados de la Asamblea Nacional.

"Si bien no tenemos poderes coercitivos, tenemos los que no tendría una procuraduría de derechos humanos. La defensoría con sus limitaciones tiene algunos poderes interesantes", señaló.

Expresó que desde que asumió el cargo, su objetivo es subir el perfil de la entidad y eso se ha logrado con un trabajo en conjunto y participando activamente en diálogos como Barro Blanco y los docentes con el Gobierno Nacional.

"Cuando un país crea una institución como la Defensoría del Pueblo le está mandando un mensaje al mundo y su propia población de que el Estado está dispuesto a que un actor diferente defienda los derechos humanos de las personas.

Denuncias

Los abogados de Alma Cortés, Sidney Sittón y Luis Eduardo Camacho presentaron ante la CIDH, con sede en Washington, una denuncia contra el Estado panameño por supuesta persecución política.

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Miembros del Comité por un Derecho a la Vida y familiares, después de 10 años de la tragedia en la que siguen falleciendo panameños envenenados por el dietilenglicol, anunciaron que apelarán el fallo de la Corte Suprema de Justicia y que demandarán al Estado panameño por violaciones a los derechos humanos.

Otra reclamación en contra de Panamá será interpuesta por los familiares del médico Kreslyn Rodríguez Ríos, que falleció en un accidente de tránsito hace dos semanas en Loma Cová, en Arraiján.

Por su parte, el sacerdote Conrado Sanjur y miembro de la Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá (Copodehupa) piensa que Panamá tiene déficit en este tema, concretamente en términos de educación, agua, seguridad, incumplimientos laborales y de salud, entre otros.

Explicó que en su momento existió una Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional de Diputados, pero no se potenció para que la gente pudiera apropiarse y mientras existió, no atendió debidamente a la población.

"Los derechos humanos son un compromiso de los Estados, lo que tiene que traducirse en voluntad real y política", señaló.

En cuanto al papel que juega la Defensoría del Pueblo, expresó que no responde a los requerimientos y quejas del pueblo.

"Es una institución ineficiente frente a la necesidad actual de la gente. Una vez instalada se ha quedado totalmente restringida en un accionar", indicó.

Reveló que, recientemente, CIDH admitió el caso de víctimas de la dictadura que se interpuso en el 2003. "Esto abre una ventana a que los familiares de las víctimas interpongan una demanda contra el Estado panameño", añadió.

Acuerdo

Tras varios meses de conversación, el 13 de noviembre de 2012, el gobierno del presidente Ricardo Martinelli aprobó reconocerle el pago de 681 mil dólares a la familia de la joven desaparecida Rita Wald en concepto de reparación económica por el daño material e inmaterial causado por ser víctima de la dictadura.

El abogado Carlos Lee expresó que el tema es que los Gobiernos no han sido cuidadosos con las protecciones que las organizaciones de derechos humanos consagran, razón por la cual se dan las condenas.