Nadia del Río asegura que la Contraloría duplica montos para abultar el informe hasta los 600 mil dólares. Adelantó que presentará sus descargos esta semana.
De Gracia asegura que desde 2024 tiene conocimiento de las denuncias en su contra y que ha atendido los requerimientos de las autoridades.
Ya suman 154 demandas admitidas ante el Tribunal Administrativo de la Función Pública, de ese total, ya existen 45 resoluciones finales que ordenan el pago.
La investigación se mantiene en etapa preliminar y hasta el momento no existe imputación formal.
Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de informática activó de inmediato los protocolos de seguridad.
La Contraloría recalcó que solo 7 funcionarios se mantienen en suspensión de pagos.
El BDA implementa un plan de contención de gastos para reducir sus pérdidas y proyecta alcanzar la estabilidad financiera durante este 2026.
No obstante Velásquez y Ferrer fueron imputados por delitos contra la administración pública en la modalidad de diversas formas de peculado.
El resto de los funcionarios ha recibido su salario de manera regular, indicó la Contraloría.
La aclaración responde a lo planteado públicamente por los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duque, quienes han solicitado una explicación sobre esta medida.
La Contraloría considera que vincular el control administrativo con discusiones de proyectos de ley carece de sustento y desvía la atención de lo esencial.
El presidente Mulino hizo énfasis en que los panameños necesitan y exigen respuestas de las autoridades competentes.
El promedio del costo por cada equipo sale en $527.45, incluido impuestos.
El mandatario lamentó que los que funcionarios señalados por supuestos actos de corrupción anden tranquilos por ahí y no estén paseando de fiscalía en fiscalía.
Abogados hablan de libertad probatoria en el proceso que se le está siguiendo al exvicepresidente José Carrizo.
El gremio advierte que estas acciones constituyen una extralimitación de funciones, al interferir en procesos que, por mandato constitucional al MP.
La reacción de los abogados de Carrizo surgen por la supuesta irrupción del contralor Flores en una diligencia relacionada con el proceso del exvicepresidente.
Camacho argumenta que sí el contralor Flores llega a la sede de la Fiscalía Anticorrupción fue porque los llamaron sus funcionarios.
