El BDA implementa un plan de contención de gastos para reducir sus pérdidas y proyecta alcanzar la estabilidad financiera durante este 2026.
No obstante Velásquez y Ferrer fueron imputados por delitos contra la administración pública en la modalidad de diversas formas de peculado.
El resto de los funcionarios ha recibido su salario de manera regular, indicó la Contraloría.
La aclaración responde a lo planteado públicamente por los diputados Roberto Zúñiga y Luis Duque, quienes han solicitado una explicación sobre esta medida.
La Contraloría considera que vincular el control administrativo con discusiones de proyectos de ley carece de sustento y desvía la atención de lo esencial.
El presidente Mulino hizo énfasis en que los panameños necesitan y exigen respuestas de las autoridades competentes.
El promedio del costo por cada equipo sale en $527.45, incluido impuestos.
El mandatario lamentó que los que funcionarios señalados por supuestos actos de corrupción anden tranquilos por ahí y no estén paseando de fiscalía en fiscalía.
Abogados hablan de libertad probatoria en el proceso que se le está siguiendo al exvicepresidente José Carrizo.
El gremio advierte que estas acciones constituyen una extralimitación de funciones, al interferir en procesos que, por mandato constitucional al MP.
La reacción de los abogados de Carrizo surgen por la supuesta irrupción del contralor Flores en una diligencia relacionada con el proceso del exvicepresidente.
Camacho argumenta que sí el contralor Flores llega a la sede de la Fiscalía Anticorrupción fue porque los llamaron sus funcionarios.
Diputado Camacho señaló que el verbo irrumpir denota que hubo un delito, y recordó que Flores fue con otros funcionarios de la Contraloría.
Un juez consideró que es legal las acciones que tomó el Ministerio Público en referencia a la cautela de los bienes del exdiputado.
El proyecto se ha atrasado por la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales.
El mandatario José Raúl Mulino rechazó las aseveraciones de PPC en torno a la seguridad de los inversionistas.
La Contraloría espera la opinión de la Procuraduría de la Administración para actuar sobre el proceso de marcación legislativo.
Un total 45.469 personas se incorporaron a la fuerza laboral, lo que refleja mayor confianza y participación en la actividad económica.
La continuidad operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal resulta fundamental para el fortalecimiento del sistema portuario nacional.
