Eliminación de partidas destinadas a seguros privados: recomendación de la Asamblea al MEF
Los diputados consideran que las instituciones deben dejar de costear los servicios de salud de sus empleados, sobre todo, de quienes ostentan altos salarios.
Al menos siete instituciones del Estado contratan este tipo de servicio para sus funcionarios. Foto: Pexels / Ilustrativa
Tras conocerse que el Estado destina más de 160 millones de dólares al pago de pólizas de seguros privados para funcionarios públicos de al menos siete instituciones, los diputados de la Asamblea Nacional anunciaron que incluirán entre sus recomendaciones, al presupuesto general para la vigencia fiscal 2026, la eliminación de este beneficio.
Aunque la Comisión de Presupuesto aún no ha culminado el proceso de fiscalización de los recursos asignados a cada una de las entidades que conforman el Estado, los diputados ya tienen varias recomendaciones para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la principal de ellas, que las instituciones dejen de costear los servicios de salud de sus funcionarios, sobre todo, de quienes ostentan altos salarios.
El diputado Neftalí Zamora cuestionó a las instituciones que adquieren estos seguros pese a las condiciones económicas en las que se encuentra el país, y recomendó a quienes quieran beneficios laborales particulares trasladarse a la esfera privada.
“Entre las recomendaciones al Ejecutivo para el presupuesto 2026 debe estar eliminar cualquier partida destinada a seguros privados. Quien quiera uno, que lo pague con su plata. Estamos en momento de austeridad”, afirmó.
Zamora reiteró que el Estado, a través de sus hospitales públicos, debe garantizar la atención de los colaboradores para que no sea necesario adquirir este tipo de servicios que elevan el presupuesto.
Para eliminar dicha práctica se han presentado ante la Asamblea tres anteproyectos de ley; la iniciativa del diputado Jairo Salazar busca prohibir y sancionar esta contratación en todas las entidades públicas, autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas y municipios.
Quienes incumplan con esta disposición podrían ser condenados con penas de prisión de hasta 3 años, según la gravedad de la infracción.
Además, se ordena que dichos recursos sean redirigidos a inversiones en infraestructura, equipamiento e insumos médicos del sector salud, así como al fortalecimiento del sistema educativo nacional.
Una iniciativa similar presentó el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, exceptuando a aquellos seguros que sean de carácter obligatorio por tratados internacionales ratificados por la República o que correspondan a misiones diplomáticas y consulares en el exterior, siempre que no existe cobertura nacional aplicable, así como los seguros de vida para los estamentos de seguridad, previamente justificado.
La normativa subraya que los servidores públicos estarán “cubiertos únicamente por los servicios brindados por la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, sin perjuicio de que puedan, de manera voluntaria y con recursos propios, contratar seguros privados si así lo desean”.
Por su parte, el anteproyecto No. 182 presentado por el diputado Luis Duke pretende garantizar el principio de igualdad, transparencia y justicia en el uso de los fondos públicos, eliminando la contratación para que estos funcionarios experimenten la realidad del sistema de salud público e incentiven su mejoramiento.