Mina de cobre: ¿qué pasa si no se firma el nuevo contrato?

El Gobierno panameño anunció en enero un nuevo Contrato Ley entre el Estado y Cobre Panamá (el proyecto de inversión extranjera más grande en el país), que se enfocara en los mejores beneficios para el istmo. En marzo dio a conocer los acuerdos para la firma de dicho contrato, que incluían, entre otros, que el 50% de los ingresos mínimos anuales por extracción de cobre serían para el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.) de la Caja de Seguro Social; cuya fecha tope es a más tardar el 14 de diciembre de 2022.

Sin embargo, a poco tiempo de la fecha establecida, existe preocupación por saber qué pasará si esta firma no ocurre por parte del Gobierno.

En su momento, Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), dijo que "es preocupante las fechas que se dan, porque, al final, cuando uno analiza, el tema de la nota que manda el Estado, uno dice: ¿qué va a pasar el día después?, llega el día 14, ¿qué va a pasar?, ¿va a venir una expropiación?, ¿va a venir otro administrador del proyecto?, ¿las consecuencias?, y esas interrogantes lo llevan a uno en el camino de la preocupación".

Elisa Suárez, expresidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), también abordó el tema durante una entrevista televisiva, asegurando que una expropiación no es una opción.

El tema fue abordado nuevamente en un programa radial, donde el abogado, Pedro Meilán, interesado en el tema, explicó que lo más importante es el tema jurídico y la falta de conocimiento de la ciudadanía al respecto.

"Existe un contrato creado a través de la Ley 9, que fue demandado por inconstitucionalidad. El fallo sale en el 2021 de que la ley es inconstitucional, entendiendo que la misma había creado el contrato con Minera Panamá (Cobre Panamá), entonces, lo que se ha vendido a la población es que, porque la ley es inconstitucional, el contrato es nulo y que la mina se encuentra sin ningún sustento jurídico, lo que es falso", detalló.

Por lo anterior, Meilán recordó que Cobre Panamá tiene un contrato vigente, y actuaciones como estas pueden crear que las personas no quieran invertir en Panamá, y que el país envíe un mensaje nefasto cuando a seguridad jurídica se refiere.

A juicio de Meilán, no se firma el contrato aún, porque no hay acuerdo entre las cláusulas del documento.

El jurista también mencionó el escenario de expropiación, comparándolo con países como Venezuela, el cual sería lamentable. De acuerdo con Meilán, el camino que corresponde, en caso de no firmar, es lo que ya está establecido en el contrato: un arbitraje internacional, pero, "¿cómo se podría salir a pelear afuera, si el contrato sigue vigente y fue renovado, por tanto, qué se va a pelear?".

La situación es delicada, aseguró Meilán. De hecho, el propio Gobierno ha reiterado que el proyecto de Cobre Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón, es la inversión privada más grande del país, aportando un 3.5% al producto interno bruto (PIB) y 39 mil empleos directos e indirectos.

Roberto Tribaldos, expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX) dejó claro que las exportaciones de cobre entran a jugar un papel importante, de hecho, el cobre ha sido el protagonista en los últimos tres años, porque ha insertado al país en el mercado internacional en cobre.

Otras reacciones

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también se pronunció sobre el tema, asegurando que "casi año después, vemos con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones necesarias para formalizar dicho acuerdo; poniendo de un lado al Estado panameño, quien busca obtener los ingresos justos que le corresponden por su recurso mineral; y del otro a una empresa extranjera que, hace una década, vio a Panamá como un puerto seguro para invertir, realizando la mayor inversión extranjera privada en la historia del país".

"Entendiendo que las negociaciones han sido complejas, los últimos comunicados del Gobierno Nacional nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo. Por ello, hacemos un llamado urgente a las partes para reconducir la negociación...de lo contrario, corremos el riesgo de aniquilar una actividad que representa 3.5% del PIB de Panamá; estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica...", continuó la Cámara en un comunicado.

Así mismo lo hizo la Cámara de Comercio de Colón, recordando que urge ponerse de acuerdo y tener reglas claras, porque están en juego los empleos, la imagen, reputación, credibilidad y confianza.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) también recordó, en un comunicado, que les preocupa que la negociación del nuevo contrato minero y en cualquiera que se inicie en el futuro, el Estado aluda a plazos fatales, por lo que consideraron imprescindible que se llegue a un acuerdo que garantice el respeto a la inversión.

El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) también hizo un llamado a las partes y mencionó la importancia de los más de 35 mil empleos directos e indirectos que la actividad minera genera en el país.

Mientras, Cobre Panamá aseguró que continúa trabajando con el Ministerio de Comercio e Industrias para llegar a un acuerdo justo y equitativo, que deje un acuerdo renovado antes del 14 de diciembre.