Panamá recalca tres principios no negociables con la mina
La Comisión de Alto Nivel espera dar a conocer sus recomendaciones finales al Ejecutivo antes de que finalice el año 2026.
La comisión aclaró que seguirá evaluando el informe de auditoría de manera exhaustiva para dar a conocer el estado real de la mina de cobre en Donoso. EFE
"Cualquier solución que adoptemos estará bajo la dirección rectora del Estado panameño", subrayó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, al enumerar uno de los tres principios no negociables del país en torno al futuro del proyecto minero.
La decisión se manejará con soberanía absoluta, sin costo alguno para los panameños y en defensa de la economía; por tanto, cualquier movimiento que se realice será fiscalizado en tiempo real por las instituciones gubernamentales con el propósito de mantener intacto el presupuesto destinado a la construcción de escuelas y hospitales y la credibilidad del país a nivel internacional.
El funcionario aseguró que "apagar la luz y cerrar la puerta no es una solución"; sin embargo, también dejó claro que la concesión minera es inconstitucional; por tanto, la solución que se tome debe centrarse en evidencias técnicas, científicas y financieras, no en radicalismos ideológicos, pues detrás de esta industria hay más de 2,000 empresas panameñas que aportaban a la economía del interior del país, de las cuales el 42% ya manifestó que cerrará si la situación no mejora.
Reiteró que ninguna decisión que involucre al territorio se tomará de espaldas al país, pues la Comisión de Alto Nivel que integra junto a otros dos ministros entiende que detrás de las manifestaciones de 2023 hubo preocupaciones reales; no obstante, tiene la obligación de estudiar las consecuencias de lo ocurrido.
"Ese capítulo nos dejó una lección grabada en piedra: los recursos naturales de Panamá son de los panameños", puntualizó.
Moltó hizo énfasis en que el dictamen del Ejecutivo respecto al proyecto de cobre en Donoso, provincia de Colón, tomará en cuenta a los miles de ciudadanos que, producto de la paralización, perdieron sus ingresos y, actualmente, solo piden ser considerados.
Panamá, de acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha dejado de generar más de 6,300 millones de dólares, lo que se traduce en una pérdida directa de $5.9 millones cada 24 horas.
El cierre de la mina produjo una contracción del 65% en la inversión directa extranjera y la reducción del 75% de las exportaciones de bienes.
Su impacto llegó hasta la Caja de Seguro Social (CSS), que dejó de percibir alrededor de 90 millones de dólares anuales en aportes patronales y mercados extranjeros cuya credibilidad en Panamá se redujo, y con ello, su nivel de riesgo aumentó, incrementando los costos de los bancos y tenedores de bonos que, a su vez, se traducen en intereses más altos a nivel local.
Aclaró que la comisión no ha anunciado soluciones definitivas; al contrario, seguirá evaluando el informe de auditoría de manera exhaustiva para dar a conocer el estado real de la mina y avanzar hacia la construcción de una alternativa técnica que proteja la estabilidad fiscal y socioeconómica del país nacional e internacionalmente.
"Encontrar una ruta de solución integral y técnica no debilita nuestra posición jurídica, la fortalece; demuestra ante los mercados globales que Panamá actúa como un Estado moderno que respeta la seguridad jurídica y resuelve sus controversias con racionalidad, basándose en auditorías independientes", dijo.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, por su parte, sostuvo que la evidencia científica demuestra que la operadora de la mina ha cumplido con la mayoría de las normativas ambientales exigidas; sin embargo, también presenta fallas que deben ser corregidas.