Ilegalidades no cesan en contra de Martinelli

El caso New Business con el que se busca condenar de manera arbitraria e ilegal al candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Ricardo Martinelli, sigue mostrando un manejo irregular por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia en Panamá.

Este proceso legal, el cual inició con una denuncia planificada que se presentó en la Asamblea Nacional (AN), por parte del exdiputado Panameñista y cercano colaborador de Juan Carlos Varela, Jorge Iván Arrocha, ha estado marcado por irregularidades para perjudicar al candidato presidencial.

Proceso para el cual, incluso se prestó el hoy secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdiputado, Rubén De León, quien obligó al entonces secretario general de la AN, Frank Weber, a que diera traslado de dicha denuncia al Ministerio Público, dirigido en ese entonces por la exprocuradora, Kenia Porcell.

Desde ese momento, inició una cacería intensa en contra de Martinelli, su familia y allegados, la cual trascendido hasta el Gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo.

En la actual administración, la persecución contra Martinelli inició desde el momento en que el caso New Business, le fue designado a la jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloísa Marquínez, la cual, irrespetando las leyes y códigos en materia penal, juzgó y condenó a Martinelli en primera instancia.

Esta condena se dio a pesar de que, en el juicio, el perito Eliseo Ábrego, manifestó que todos los dineros que se habían usado eran lícitos y que no se le permitió a la defensa de Martinelli y otros tener acceso a interrogar a los testigos protegidos de este caso.

Mismos testigos que desde el día uno, la defensa de Martinelli identificó como Henri Mizrachi y Riccardo Francolini, quienes supuestamente habrían pagado una suma millonaria a un hermano de una fiscal, para salvarse del proceso.

Incluso, recientemente se indicó que, como premio al trabajo por haber condenado a Martinelli, la jueza Baloísa Marquínez, pasaría a partir de los próximos días a ser magistrada en la provincia de Chiriquí, zona de donde es oriunda.

Las irregularidades en este proceso no han sido solo a esta instancia, sino que incluso ahora que él mismo pasó a la Sala Segunda de los Penal, conformada por las magistradas María Eugenia López, Ariadne García y Maribel Cornejo, todas nombradas por Cortizo y Carrrizo, las ilegalidades no cesan.

A tal punto, que incluso se falló una casación cuando una advertencia de inconstitucionalidad que había sido negada, no había sido desfijado, otra ilegalidad denunciada.

En este sentido, el abogado Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa de Martinelli, cuestionó cómo se puede explicar que el Tribunal esté fallando ahora recursos presentados antes de la casación.

"No se puede explicar que ahora se esté fallando recursos presentados antes de casación y no se suspendiera el trámite a Ricardo Martinelli. Dónde quedó suspender por recurso de hecho que si le dieron y respetaron a la Fiscalía. Suma los testigos protegidos no examinados", cuestionó el letrado.

Otro hecho que cuestiona el jurista, es cómo a través de medios adversos a Martinelli se habla de decisiones en contra del candidato presidencial, sin siquiera ser analizados los recursos presentados.

"Hoy (lunes) vencía el término para proponer aclaraciones y se propusieron tres por diferentes abogados dentro del proceso. Sin embargo, ya un medio dice que la rechazaron porque sería entrar en el fondo. Así tampoco. Una más. Crisis total en el sistema de justicia", dijo.

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