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Ministerio Público extiende funcionamiento de oficina en Bajo Chiquito, comarca Emberá

Esta oficina solo estaba vigente hasta el 31 de diciembre, sin embargo, ante la necesidad de contar con funcionarios del MP en la comunidad se decidió extender su funcionamiento hasta el 31 de marzo.

Francisco Paz - Actualizado:

El éxodo sin precedentes el año pasado, obligó al Ministerio Público a establecer una oficina en el área. Foto: Cortesía MP

El Ministerio Público (MP) decidió extender la presencia de su oficina ubicada en la comunidad indígena de Bajo Chiquito, en Darién, hasta el 31 de marzo.

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Esta oficina subregional, adscrita a la fiscalía regional de Darién, se instituyó el 7 de octubre del año pasado, para tratar temas relacionados con los migrantes que tenían en este poblado su punto de entrada a la nación.

Aunque antes era un secreto a voces, en el mes de agosto se hizo público una serie de agresiones, incluyendo sexuales, contra migrantes, tanto adultos como menores, en su trayectoria al país, a través del Tapón del Darién.

Los ataques iban desde robos, lesiones personales, hasta violaciones a niñas en frente de sus familiares, quienes con impotencia llegaban al país, con temor, en varios casos, de contar la agresión que habían sufrido, ante la posibilidad de que su éxodo al norte del continente se interrumpiera.

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Ante el llamado realizado por un grupo de diputados, así como de organizaciones humanitarias que trabajan en el área, el Ministerio Público dispuso enviar un fiscal para atender las denuncias de parte de estos ciudadanos, y luego decidió establecer la oficina subregional.

Aunque por varias semanas, la afluencia de migrantes a través de la frontera con Colombia ha disminuido, el fenómeno presentado el año pasado parece ser una constante en los próximos meses, por lo que el MP consideró necesario extender el funcionamiento de esta subregional en Bajo Chiquito.

La medida fue la primera resolución que firmó el procurador Javier Caraballo en este año, el pasado 3 de enero.

Según Médicos Sin Fronteras, el año pasado trataron a alrededor de 40 niñas entre 10 y 13 años que fueron violadas en la selva que divide a Panamá de Colombia. 

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