Patria Portugal: La justicia en Panamá está podrida

La ex defensora del Pueblo, Patria Portugal, manifestó que la justicia en Panamá está podrida, luego de que en audiencia de apelación se confirmó la sentencia condenatoria de 8 años de prisión por peculado agravado.

Tras salir del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de San Miguelito, Portugal gritó que son criminales los fiscales de esta audiencia.

El abogado defensor, Fernando Morales, explicó que lo peligroso de esto es ver como la administración de justicia le va dando un enfoque a las normativas de acuerdo a lo que ellos consideren de interés para ellos.

Morales manifestó que el artículo 196 del Código Penal dice que todas las personas desde el momento que presenten el recurso de revisión tienen que gozar de la misma medida cautelar que ellos tenían antes de que se decretara la sentencia, sin embargo no ha sido así.

“Estamos viendo fallos peligrosos para todos los ciudadanos de Panamá. Fallos que sin pruebas materiales condenan a la gente”, agregó el abogado.

Por su parte, la hija de Patria Portugal, explicó que sin lesión patrimonial no puede haber delito de peculado.

Cuestionó que cómo puede ser alguien condenado a ocho años de cárcel sin haber cometido lesión patrimonial.

En tanto, la Defensoría del Pueblo manifestó que esta administración se ha caracterizado por respetar los fallos del Órgano Judicial y que a pesar de que en el caso de la exdefensora Patria Portugal la entidad es víctima, se le ha ofrecido acompañamiento con abogados como observadores para garantizar el debido proceso, así como orientación a través de la dirección de Derechos de la Mujer.Asimismo, la Adjunta del Defensor en conjunto con la directora de Asesoría Jurídica fueron asignadas para atender a los familiares de la precitada exdefensora; sin embargo, dicha propuesta de reunión fue rechazada.

Portugal fue detenida el pasado 20 de junio, a solicitud de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción, para el inicio del cumplimiento de la condena por el delito de peculado agravado, en perjuicio de la Defensoría del Pueblo, hecho ocurrido en el año 2012.

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