Tribunal frena intento de reclusión domiciliaria para representante de David por caso de la Junta Comunal
Tribunal niega Habeas Corpus al representante de David investigado por peculado. Jueces determinaron que la cárcel sí garantiza su atención médica.
Tribunal frena intento de reclusión domiciliaria para representante de David por caso de la Junta Comunal
El Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí rechazó de forma unánime un recurso de Habeas Corpus Correctivo interpuesto a favor del representante de David, Jorge Montenegro Vallarino, quien se encuentra bajo detención provisional por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado contra la administración pública por $4.3 millones.
La acción legal iba dirigida contra el director del Centro Penitenciario de Chiriquí. Sin embargo, tras escuchar los argumentos de las partes, los magistrados Carlos Daniel Fajardo Morales, Carlos Valentín Rivas Alarcón y Rita Del Carmen Williams Castillo concluyeron que el penal ha realizado las adecuaciones necesarias y garantiza la atención médica (tanto interna como externa) recomendada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).
El tribunal advirtió que la defensa de Montenegro Vallarino pretendía utilizar el Habeas Corpus para sustituir la detención provisional por un depósito domiciliario (casa por cárcel). Los magistrados aclararon que esta acción constitucional no es la vía legal para solicitar cambios de medidas cautelares, e instaron a los abogados a presentar dicha petición ante el juzgado de garantías competente.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal anticorrupción Alia Suleiman, mientras que el equipo legal del imputado estuvo liderado por los abogados particulares Carlos Carrillo y Miguel Herrera.
Esta causa penal se originó tras una auditoría de la Contraloría General de la República, la cual reveló una presunta malversación de fondos públicos asignados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera. La investigación abarca las supuestas irregularidades detectadas durante el período comprendido entre los años 2019 y 2024.
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