Tribunal de Apelación de Milán deja en libertad a Adolfo 'Chichi' De Obarrio
De Obarrio Manzini, alias "Chichi", fue detenido el 7 de abril en respuesta a una petición de la Interpol y de Panamá, que lo buscaba desde 2019, acusándole de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales durante el mandato de Martinelli entre 2009 y 2014.
Adolfo De Obarrio fue detenido hace una semana. Archivo
Adolfo De Obarrio, antiguo secretario del que fuera presidente de Panamá, Ricardo Martinelli y detenido hace una semana en la ciudad italiana de Milán (norte), ha sido hoy puesto en libertad después de que un tribunal haya aceptado su recurso, confirmó hoy a Efe su abogado.
"El recurso ha sido aceptado, (De Obarrio) es libre", explicó el abogado del italo-panameño, Gabriele Minniti.
De Obarrio Manzini, alias "Chichi", fue detenido el 7 de abril en respuesta a una petición de la Interpol y de Panamá, que lo buscaba desde 2019 acusándole de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales durante el mandato de Martinelli entre 2009 y 2014.
Desde entonces estaba en la cárcel milanesa de San Vittore de forma preventiva.
La Quinta Sección Penal del Tribunal de Apelación de Milán, que debía estudiar el recurso, ha considerado que De Obarrio es también ciudadano italiano y lo ha puesto en libertad.
El abogado, preguntado sobre si la posible extradición de su cliente quedaba cerrada, dijo que "no tiene por qué" y que ahora "habrá que saber qué pretende hacer" el Estado panameño.
"Esperaremos y veremos", puntualizó.
El letrado ha subrayado que De Obarrio, que abandonó Panamá en 2014 y se encontraba en paradero desconocido, reside en Italia desde 2015 con parte de su familia, en concreto en Milán, y que en el momento de la detención estaba buscando un apartamento que comprar.
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Minniti ha utilizado esta información para defender que De Obarrio no tiene intención de abandonar Italia.
"Chichi" de Obarrio, de 39 años, está supuestamente implicado en varios casos de corrupción en su país durante el mandato de Martinelli.
Entre otras, está investigado por su presunta vinculación en actos de corrupción en contrataciones públicas mediante el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Fondo de Inversión Social (FIS).
Asimismo está implicado en la compra con supuestos sobrecostes de comida deshidratada, un caso de corrupción que causó un daño patrimonial al Estado de 44,9 millones de dólares.
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