Contrato directo para centro de seguridad por más de $25 millones

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Seguridad (Minseg), mediante la modalidad de contratación directa, para la puesta en marcha de un nuevo proyecto de seguridad, que le costará al erario más de $25 millones.

Se trata del denominado Centro Interagencial de Operaciones (C5), cuyo diseño, suministro de planos, mobiliario y la construcción del edificio sede costarán $6.3 millones.

Adicional a esta inversión inicial, el equipamiento y mantenimiento costará otros $20 millones.

El C5 es copiado de México, y en el caso de la versión panameña, incluirá tecnología canadiense que será puesta en marcha para la visita del papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019.

Obviando dar detalles sobre el tema puntual de la contratación directa, el Minseg explicó que el centro aplicará tecnologías de punta empleadas para reducir los tiempos de respuesta de las autoridades ante la comisión de hechos delictivos y en casos de emergencias.

También se informó que estará integrado por enlaces de los 4 estamentos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Incluirá sistemas computarizados de recepción, atención y despacho de llamadas de emergencia con georreferencia en las unidades de la Policía, torres de videovigilancia de alta definición, botones de pánico, herramientas de colaboración ciudadana y análisis de video.

El C5 de México es usado particularmente en arcos viales, donde se realizan las lecturas de placas que permiten la ubicación de vehículos robados y objetivos criminales.

Contrato directo

Para la economista Maribel Gordón, es lamentable que la administración del presidente Juan Carlos Varela insista en la figura de los contratos directos, sobre todo cuando en el pasado fueron duros críticos de este modelo de contratación para servicios del Estado.

"Abusan de lo que antes criticaban, favoreciendo intereses empresariales", expresó Gordón.

La también activista del Frente Amplio por la Democracia (FAD) no entró a valorar la necesidad o efectividad de esta iniciativa de seguridad, pero indicó que las autoridades empañan el proyecto desde su inicio, al contratarlo de manera directa, sin propiciar la competencia entre empresas para acceder a mejores precios para el Estado.

Maribel Gordón también dijo que con este proyecto se nota la política de derroche, en la medida en que se duplican servicios, como el centro de videovigilancia de la alcaldía.

"No hay una política integral para que, con menos recursos, se obtenga mayor efectividad. Y mientras tanto, la delincuencia sigue creciendo, sin un plan eficaz del Gobierno para enfrentarla", concluyó.