Reactivar a Coiba como penal viola derechos humanos
Juristas indican que la isla penitenciaria puede vulnerar los derechos fundamentales de los privados de libertad.
El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, manifestó que se está analizando la posibilidad de trasladar a los detenidos de alta peligrosidad al antiguo penal de isla Coiba, lo que provocó voces en contra basadas en la violación de los derechos humanos y a la declaración de este sitio como Patrimonio de la Humanidad.
Henríquez señaló que se estudian todas las posibilidades, sobre todo para los reos de alta peligrosidad que requieren centros de máxima seguridad y que por lo general están en lugares de difícil acceso, en otros países. “No he discutido sobre Coiba, pero tampoco la puedo excluir a menos que haya una normativa que lo impida”, indicó el ministro, quien recordó que por ley quien está siendo procesado debe mantenerse dentro del circuito judicial. Sin embargo, quienes ya están condenados pueden ser trasladados a cualquier parte.
Actualmente entre el 10% y 15% (1,500 a 2,200) de la población penitenciaria en el país (15,023 reos) son individuos peligrosos o de alto perfil.
Para el exprocurador Rogelio Cruz el privado de libertad, ya sea en detención preventiva o condenado, tiene ciertos derechos que no se le pueden vulnerar, como recibir visitas de abogados, sobre todo si está bajo un proceso; visitas de familiares . “Colocarlos en un penitenciario en un lugar de difícil acceso, puede vulnerar estos derechos fundamentales”, destacó.
Sobre esta posibilidad, Harley Mitchell exdirector de legal de la Anam, expresó que esto no puede proceder porque es un área histórica y de conservación que no tiene paralelo ni en Panamá ni en el mundo.
Mitchell recordó que las doctrinas de aislamiento penitenciario han sido superadas por el derecho penal moderno.
Fuentes allegadas al Ministerio de Gobierno hablan de que a esta cárcel de máxima seguridad irán los principales cabecillas de pandillas.
El Parque Nacional Coiba hasta 2004 albergó al último de los 3,000 detenidos, ya que en el 2005 la Unesco declaró la isla como Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad.
En 2010 el diputado Marcos González presentó ante la Asamblea una propuesta de ley que buscaba convertir a Coiba en penitenciario insular para condenados por delitos graves.