Resolución de la ATTT premia a Uber al no suspender su servicio
El abogado Víctor Martínez afirmó que el trasfondo de este conflicto no es la eficiencia del servicio que brindan los transportistas, sino que la plataforma no está cumpliendo con la ley.
Taxistas de turismo manifestaron su rechazo en varias protestas en contra de la plataforma Uber en Panamá. Archivo
La resolución emitida por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), sobre la plataforma Uber, no fue de satisfacción para los transportistas.
Dicho documento declara que el servicio ofrecido mediante plataformas tecnológicas es una actividad económica que debe ser reglamentada en el marco de la ley de transporte.
Sin embargo, para el abogado Víctor Martínez, representante de los usuarios, las autoridades admitieron que Uber es ilegal, pero la premian al no ser sancionada y tampoco suspendido su servicio.
Por ello, apelará esta resolución porque lo correcto, jurídicamente, sería que esta plataforma saliera del sistema de transporte hasta que fuera regulada, como se ha establecido, en un periodo de 30 días, que duda que se haga en ese término.
"El tema no es el no voy de los transportistas. Aquí es de respeto a las exigencias de cumplir con la ley porque hay un tema legal", sostuvo.
Explicó que en Colombia han sancionado a Uber por millones de pesos, mientras que en Costa Rica lo declararon inconstitucional, todo un panorama diferente al de Panamá.
"Por eso que el tema del transporte aquí está así, pero al final los únicos perjudicados con este tipo de administraciones es el usuario; el resto, haciendo negocios de una manera ilegal", sentenció.
El jurista también cuestionó que Uber no esté pagando los impuestos de las ganancias obtenidas. "Nadie puede tener negocios, ganar y no declarar; están obligados, pero en este caso no".
Tras la inconformidad de los transportistas, el próximo miércoles, en Veraguas, se estarán reuniendo los gremios para tomar una decisión sobre los últimos acontecimiento a favor de Uber.
Por la parte legal, el abogado Martínez aseguró que va a sustentar su apelación ante la Autoridad del Tránsito, y que una vez que se agoten todas las acciones administrativas, irá a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como última instancia para resolver este litigio.