Un informe denuncia el desamparo legal de las comunidades indígenas panameñas

Las comunidades indígenas panameñas más aisladas carecen de un marco legal que reconozca su personalidad jurídica y los derechos sobre sus territorios, por lo que viven una situación de desamparo, según denuncia un informe elaborado por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

El estudio, presentado hoy en Madrid, se enmarca dentro del caso concreto de los pueblos de la etnia Ngöbe-Buglé, afectados por la construcción la presa hidroeléctrica "Chan 75" en la provincia panameña de Bocas del Toro, pero es extensible a otras comunidades del entorno de Río Changuinola.

La situación de dichas poblaciones indígenas, obligadas a abandonar sus tierras, su forma de vida y sus medios de subsistencia, ha sido denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Nuestro objetivo es aportar elementos de análisis a la CIDH para poder elevar este asunto hasta la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos", indicó la abogada Loreto Ferrer Moreu durante la presentación del informe a la prensa.

Los orígenes del Proyecto Chan 75 se remontan a las primeras investigaciones hidroeléctricas en el área del Río Changuinola, a finales de los 70, aunque la construcción de la primera de las tres presas planificadas se inició en 2005.

A partir de mayo de 2007 tienen lugar las primeras manifestaciones de protesta de las comunidades indígenas afectadas, principalmente las de Charco de la Pava y Valle del Rey, que dieron lugar a las actuaciones a nivel internacional.

"En ese momento la CIDH actúa y pide medidas cautelares y la paralización de las obras.

Mientras tanto el Estado panameño que había cedido toda la responsabilidad a la empresa constructora se vio obligado a reaparecer en escena", explicó Mikel Córdoba Gavín, técnico de proyectos de la Fundación.

Con la convocatoria de una Comisión de Alto Nivel, en 2009, integrada por representantes del Gobierno de Panamá, la empresa constructora y las comunidades afectadas "se estableció la voluntad de llegar a una solución al conflicto", indicó Manuel Sánchez Benítez, miembro de la delegación de verificación jurídica del CGAE.

Sin embargo, según denuncia el informe, ese diálogo tripartito "no fue efectivo ni satisfactorio" y, además, durante las negociaciones "las obras no se detuvieron en momento alguno".

El análisis realizado por la delegación de la Fundación CGAE identifica el origen del conflicto en la "situación de desamparo legal provocada por la ausencia de un marco legislativo adecuado".

"Las comunidades Ng be que habitaban la zona no fueron consideradas sujetos de derecho como tales y se les impedía el acceso a la titularidad de las tierras que ocupaban y utilizaban", señala el informe.

Para el equipo de abogados del CGAE, la ausencia de un proceso de consulta previo a la construcción de la presa "pudo dar lugar a una violación continuada de los derechos colectivos de estos pueblos indígenas", que fueron coaccionados y presionados para aceptar su reubicación en terrenos de difícil acceso.

El informe destaca también que los campos de reasentamiento "no ofrecen las mismas condiciones de habitabilidad que los asentamientos originales", y se hace eco del temor de los indígenas a perder las nuevas tierras asignadas.

"Los daños, no sólo materiales, sino también físicos y psicológicos de los miembros de esas comunidades son cuantiosos, por lo que ellos consideran importante obtener, al menos, una reparación moral, un reconocimiento por parte del Estado por los errores cometidos y una disculpa pública", indicó Córdoba Gavín.

Aunque se consiguiera una resolución favorable de la CIDH, que llevaría años, los abogados del CGAE son conscientes de que la sentencia sería simbólica, pero esperan que pueda crear jurisprudencia "que evite futuras actuaciones similares".