Elecciones y propuestas

Las elecciones en Panamá se realizarán el domingo 5 de mayo. Se elegirá al presidente y al vicepresidente, a diputados para el Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea, alcaldes, representantes de corregimientos, concejales y sus suplentes.

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Siete partidos participarán: el PRD (Partido Revolucionario Democrático), el PP (Partido Popular), el Molirena (Movimiento Liberal Republicano Nacionalista), el CD (Cambio Democrático), el FAD (Frente Amplio por la Democracia), partido Alianza, Partido Panameñista y los candidatos de libre postulación.

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Según la organización popular Polo Ciudadano, en la situación panameña se da una caída sostenida del crecimiento económico, con un crecimiento del PIB (producto interno bruto) que es, según la macroeconomía, el valor que totaliza la producción de bienes y servicios de un país en cierto periodo. Según Polo Ciudadano, en Panamá esta caída la determina, por un lado, la caída sostenida del crecimiento económico, crecimiento del PIB en los sectores controlados por el capital extranjero, exonerados de impuestos y que fugan del país sus ganancias; un alza sistemática de la tasa de desempleo, especialmente, entre jóvenes y mujeres, que se suman a la alta tasa de empleo informal que supera el 40%; en el que, de acuerdo con cifras oficiales el 20% de la población es pobre y el 10% no alcanza ni para comer; desigualdad social que se expresa en que el 10% de las familias más ricas tienen ingresos 40 veces superiores al 10% de las familias más pobres; sufrimiento que se ve agravado por la inoperancia de los servicios públicos en los barrios populares, como la recolección de la basura, agua potable, transporte, educación y salud.

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Por su parte, el candidato presidencial del FAD, Saúl Méndez, ha propuesto una serie de medidas urgentes, entre las cuales destacamos las siguientes: abrir el proceso para la convocatoria de un referéndum hacia una asamblea constituyente originaria; eliminación o revisión de las planillas 080, 172 y cualquiera de su tipo en la Asamblea o en el Gobierno y en todas las instituciones del Estado, sin menoscabo de los derechos de ciudadanos que se compruebe que realmente han laborado; eliminación de las llamadas partidas secretas o discrecionales; revisar y rescindir todo contrato con empresas de comprobada participación en actos de corrupción y pago de coimas; abrir de inmediato un auténtico diálogo nacional sobre la situación de la Caja de Seguro Social que permita mantener el sistema solidario, impedir el aumento de la edad de jubilación, la privatización de los fondos de los asegurados y aplicar medidas para acabar con el desabastecimiento de medicamentos; erradicación de raíz del engranaje de corrupción y robo en la Caja de Seguro Social y en todas las esferas del Estado.

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