Los detenidos de Bocas: ¿Delincuentes o arremeter contra la población civil? 

Fueron cuatro (4) abogadas, miembros del foro patrio, quienes visitaron en la cárcel de Santiago, a los detenidos de Bocas del Toro y que desde ciudad David, Chiriquí, los trasladaron a la ciudad de Santiago, Provincia de Veraguas. Otra cantidad igual o superior continuaron detenidos, según entendemos, en dicha jurisdicción de Chiriquí.  

Los detenidos de Bocas: Sesenta y Nueve (69) compatriotas en la cárcel y tres (3) en el hospital. De estos tres, eso es lo que se les dice a las abogadas,  están en el hospital.  

Y no fue sino merced a los ingentes esfuerzos de estas colegas, lideradas por  la abogada Tagyana Corrales, profesional valiente, quien advirtió a la directora del sistema penitenciario provincial de la denuncia a la que se sometería sino permitía que vieran y asistieran a los detenidos,  que lograron reunirse, verlos, en grupos, con esos detenidos que bajo el calificativo de “pandilleros” o de “vándalos”,  se les privó abrupta y violentamente de la  libertad.  

Esto no es invento, pues emerge de las propias declaraciones que en persona, cada uno de ellos, brindó a las abogadas.   Ellas no inventan.  Por las redes circulan audio videos (virales) en donde las colegas salen expresando, con mucho dolor y sufrimiento, amen de describir los horrores a los que fueron sometidos muchos de los privados de la libertad, las ilegalidad perpetradas.  

Muchos de ellos fueron arrancados de la intimidad de sus hogares (Nunca se suspendió el artículo 47 constitucional que garantiza la propiedad privada), y otros,  dirigiéndose al trabajo o en actividades muy propias de la familias, se les detuvo y no de la manera decente o de la mejor manera, la legal y civilizada, es decir,  respetando las formas legales previstas en la Constitución y en la Ley,  sino que la Policía, amparada en la declaratoria del estado de urgencia y estado de excepción (Decreto de Gabinete No.27 de 20 de junio de 2025, ahora prorrogado hasta el día 29 de junio mediante el Decreto de Gabinete No. 28 de  24 de junio del mismo año),  amen de la llamada “Operación Omega”, creyeron disponer  de una patente de corso para arremeter contra la población civil.   Eso han hecho.  Sin embargo, el discurso que oficialmente se le envía al pueblo, a la población panameña, es que han sido capturados “pandilleros”, “vándalos”, hasta de “terroristas” han sido acusados.    Y pensar que entre los detenidos de Santiago, provenientes de Bocas, hay un padre con su hijo que han representado a Panamá en competencias deportivas internacionales, dando lo mejor de ellos,  en bien de la nación.  Así los tratamos y así les pagamos.  

No quiero describir aquí, en este espacio, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, de los que han sido víctimas los ciudadanos que han sido detenidos bajo el régimen de excepción y de urgencia declarado por el Gobierno.  Son cuestiones muy vergonzosas.   Desde actos propios del sadomasoquismo, violencia sexual, maltrato físico, etc., son éstos apenas los ejemplos que se pueden brindar.   Amparo estas expresiones en las propias declaraciones de las abogadas que estuvieron presentes y escucharon de viva voz de las víctimas, detenidas ilegalmente, lo que les ha acontecido.  ¿Quién diría que esto pueda ocurrir en nuestro país,  en nuestra propia población, en donde todos nos conocemos y todos somos vecinos?.  Tan pequeño nuestro país para que haya tanta saña y perversidad.  Sin duda alguna que:  “El hombre es un  lobo para el hombre” (Home homini lopus” (Thomas Hobbes en Leviatán).  

El Director de la Policía, en video que circula en las redes sociales,  ha salido en defensa del prestigio de la institución castrense y ha señalado que ha habido mucha difamación.  Que empleará los mecanismos legales y los recursos para acusar o defender a la institución.  Sin embargo, no negó las acusaciones de los  tratos crueles, inhumanos y degradantes, las torturas, que se les atribuyen a los mandos ejecutores de las detenciones.   En todo caso,  habría sido muy aplaudido si al menos hubiera sostenido que:  “Son delicadas estas denuncias y acusaciones, investigaremos y den por seguro que, si efectivamente, ello sucedió, se aplicarán las consecuencias de  la Ley y la reparación a las víctimas, esto no está permitido en la Policía”.   Toda investigación, de estas denuncias públicas, han debido  arrancar, desde ya,  en el despacho del Procurador de la Nación.   De quien se espera investigue no solo a los que no están con el gobierno, sino también a los que desde el gobierno cometen delitos y grandes desafueros de los cuales la ley penal tiene un epígrafe que dedicarles. Ha debido, insistimos, prima facie,  desde ya, iniciar una investigación penal, pues los cargos y las denuncias son muy graves.  

Dese el día martes, de esta semana, reposan en la Corte Suprema, ante el Pleno, sendos habeas corpus, recursos,  para que sean resueltas  la ilegalidad de esas múltiples privaciones, todas ellas atroces, de ciudadanos que fueron interrumpidos en su modus vivendi, en la sana calma y paz de sus residencias, así de sencillo

En ese orden, aun creemos en la naturaleza jurídica del habeas corpus:   Homine Liberum Exhibendo.    Es decir, que los funcionarios responsables de las detenciones y a cuyas órdenes se encuentran en las cárceles, que muestren los cuerpos, que los presenten ante los juzgadores plenipotenciarios de la Corte: El Pleno.  Ello demanda urgencia, trámites ininterrumpidos y expeditos.   Contestar los mandamientos de habeas corpus de forma inmediata, sin dilaciones o demoras.    

Finalmente,  si efectivamente se detuvieron a supuestos “delincuentes”, la cosa no debe ser tan complicada, pues han debido ser presentados ya antes las autoridades competentes a fin de que se les surta el debido proceso. Debido proceso que encierra un conjunto preclaro de garantías judiciales que ningún estado de excepción o de urgencia puede suprimir ni derogar, menos invalidar.  Toda demora después de las 24 horas, de estar privados de la libertad, hace que dichas detenciones devengan en ilegales.  

Ningún estado de urgencia provincial o nacional, ningún estado de excepción, en lo absoluto,  puede desconocer el enorme poder que encierra una de las conquistas más asombrosas de la humanidad:  El instituto del Habeas Corpus.   En el primer decreto del estado de excepción provincial, lo suprimieron.  En el segundo, al percatarse sus redactores, del grave error, entonces lo dejaron supérstite, es decir, lo excluyeron.  En ese orden, junto al Doctor  Carlos  Pichet N.,  joven jurista de nuestro foro, y el autor de este artículo, fuimos  los primeros en señalar que devenía en una clara violación al Pacto de San José de Costa Rica, que se suprimiera el habeas corpus consagrado en el artículo 23 constitucional. ¡Dios bendiga a la Patria!