Albergues, lejos de desaparecer

Luego de que a inicios de 2021, el país prestara atención a la situación de menores en riesgo social que habitan en albergues, tras reportes de abusos en estos sitios, el marco legal y las fiscalizaciones se han fortalecido, pero estos sitios están lejos de desaparecer.

Todavía hay 1,200 menores en estos, según Graciela Mauad, directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en entrevista en Radio Panamá.

En contraste, la funcionaria reveló que solo 27 familias han realizado el proceso para ser acogentes de estos menores.

Mauad informó que, con base en recomendaciones de organismos internacionales, trabajan en la eliminación progresiva de los albergues.

A juicio del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, la debilidad en el sistema de protección de los menores, siguen siendo lo concerniente a los albergues.

"Al final del día, los albergues deberían desaparecer. Deberíamos tener familias de acogida y lo último debiera ser institucionalizar a los menores", expresó Leblanc.

El abuso hasta sexual contra menores con discapacidad en estos lugares, denunciados por una comisión legislativa en febrero de 2021, llevó a que Panamá saldara una vieja deuda, que era contar con una ley que creara un sistema de protección a los niños y adolescentes, sancionada este año y reglamentada, recientemente, por el Órgano Ejecutivo.

No obstante, en declaraciones realizadas hace unas semanas, la diputada suplente, Walkiria Chandler, lamentó que a nivel penal, todavía no hayan sido castigados los responsables de estas agresiones a los pequeños.

"Aquí se pueden violar menores, aquí se pueden violar mujeres y no pasa nada porque el Estado garantiza la impunidad de quienes lo hacen", declaró.

En marzo, un hombre fue condenado a 12 años de prisión por estos hechos, mientras el Ministerio Público ha informado que otras cuatro personas se mantienen procesadas.

Atención mental

Por otra parte, el Defensor del Pueblo dijo que el país tiene la necesidad de establecer un centro especializado para la atención de niños, niñas y adolescentes con enfermedades mentales graves, que a su vez trabaje con las familias para lograr su inclusión a la sociedad.

"Actualmente carecemos de este importante espacio y las instituciones regentes no le han dado importancia a la atención mental de los menores de edad, encontrando una debilidad latente que va en aumento, ante la falta de respuesta del Estado, afectando gravemente sus derechos", sostuvo.

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