Flexibilización en el examen de barra pondría en riesgo la abogacía

La aprobación por insistencia del proyecto de ley No. 168 que elimina la obligatoriedad del examen que faculta a los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas como “abogados idóneos”, a juicio del jurista Justine Sánchez, pone en riesgo el prestigio y credibilidad de la profesión. 

Explicó que, en el país, existen alrededor de 30,300 abogados con idoneidad, lo que equivale aproximadamente a un profesional del Derecho por cada 142 habitantes, una proporción bastante alta que, de no gestionarse adecuadamente, derivaría en la desvalorización de la abogacía como carrera; por ello, resulta fundamental mantener estándares éticos y académicos que garanticen la competencia profesional.  

“Mientras muchos juristas poseen un amplio conocimiento de las normas, decretos y buenas prácticas del ejercicio, también es cierto que existe otro grupo que carece de la preparación necesaria, incluso para interpretar correctamente una disposición legal”, subrayó a Panamá América.

El abogado independiente señaló que la confianza de sus clientes exige un compromiso permanente con la formación, la ética y la excelencia, aspectos que no se conseguirán flexibilizando los parámetros de profesionalización.

Reiteró que el examen de barra constituye un mecanismo idóneo para evaluar la calidad del conocimiento adquirido durante los años de formación; por lo tanto, no está de acuerdo con que se establezca como un requisito opcional. 

Sánchez indicó que fue parte de los primeros grupos que presentaron este examen y reconoce que es una prueba exigente, pero no imposible de superar; por lo tanto, debería mantenerse su obligatoriedad.

“Este filtro es fundamental porque no solo permite medir el nivel de preparación del abogado recién egresado, sino que también ofrece una oportunidad para identificar las áreas de mejora en la enseñanza del Derecho y las Ciencias Políticas”, dijo. 

El experto solicitó a los estudiantes dejar de ver el examen como una barrera, ya que su verdadero propósito es ser una herramienta para fortalecer la calidad profesional y académica del gremio jurídico. 

El presidente José Raúl Mulino también se refirió al tema, catalogando la decisión de la Asamblea Nacional como “un gran error”.

Durante su conferencia semanal, dijo que la iniciativa “distorsiona” la profesión porque traslada competencias a instituciones que no deberían encargarse de su fiscalización; sin embargo, entiende que el Órgano Legislativo posee la facultad de aprobarla por insistencia.

“Me preocupa mucho ese tema como abogado que soy, y créame que esa es una ley a la que le dediqué tiempo para estudiarla y las observaciones que hice son puntuales, no es toda la ley, son temas específicos que trasladan competencias a donde no deben estar”, enfatizó.

Según el mandatario, esta normativa no garantizará en el tiempo la promoción de abogados “de verdad”, sino de “titerillos” o egresados de universidades de “garaje”; por lo tanto, la analizará nuevamente y, de ser necesario, la enviará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su consideración.

El veto a dicha ley se sustenta, según el Ejecutivo, en que la flexibilización de los requisitos para el ejercicio de la abogacía puede generar desconfianza en la sociedad y percibirse como una disminución de los criterios de formación y evaluación profesional. 

No obstante, fue aprobada en la Asamblea Nacional con 50 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.