Proyecto que busca eliminar términos peyorativos para personas con discapacidad está plagado de ellos
La propuesta fue vetada parcialmente por el Ejecutivo por inexequible.
Sistema Braille. Foto: Pexels
Pese a que el proyecto de ley No. 130 busca eliminar los términos peyorativos usados en la legislación civil, para denominar a las personas con discapacidad fue objetado por el Ejecutivo por precisamente incurrir en esta falta.
El mandatario José Raúl Mulino vetó parcialmente, por inexequible, tres artículos del proyecto de ley que modifica los artículos 713, 1114 y 1141 del Código Civil porque no le permite a las personas con discapacidad visual y auditiva ser testigos en testamentos pese a tener plena capacidad de comprensión.
Mulino considera que tal exclusión atenta contra los derechos de las personas con discapacidad.
Además, priva a estos ciudadanos de prestar consentimiento jurídico, lo que, a juicio del Ejecutivo, plantea una restricción que podría resultar discriminatoria si no se establecen ajustes razonables que les permitan expresar su voluntad de manera efectiva.
El proyecto de ley también cataloga de “incapaces” a quienes padecen de discapacidad psicosocial o mental absoluta, auditiva y que no puedan a darse a entender por escrito y exige la nulidad de los actos o contratos en los que personas con estas enfermedades tengan participación.
Disposición que para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
La entidad también cuestiona que el documento contenga palabras descalificativas como “imbecilidad”.
El Ministerio de Salud (Minsa), por su parte, considera “incongruente” mantener el término “incapaz” que tiene una connotación peyorativa en un proyecto que busca eliminar estas calificaciones.
En consecuencia, el proyecto fue objetado parcialmente por inconveniente e inexequible y será devuelto a la Asamblea Nacional para su posterior modificación.
La propuesta de la diputada Ariana Coba, en su exposición de motivos, destaca la importancia de reconocer y proteger los derechos de las personas con discapacidad, eliminando términos que pudieran percibirse como discriminatorios.