Reducciones de penas se harán conforme a la ley, advirtió Mulino
Este programa inició en julio con la evaluación de 17 casos del Centro Femenino de Rehabilitación 'Cecilia Orillac de Chiari' (Cefere).
Complejo Penitenciario La Joya, ubicado en el corregimiento de Las Garzas. Foto: Cortesía
Tras ser consultado sobre el poder que tiene el Ejecutivo de aprobar acuerdos de penas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que estas se harán de acuerdo a lo que establece la ley sin distingo alguno.
El mandatario mencionó que este beneficio no es un criterio subjetivo, la ley establece los requisitos a los que deben cumplir los privados de libertad para ser considerados en este programa.
Algunos de los criterios evaluados son: conducta, porcentaje de pena en detención, estudios, cooperación, entre otros aspectos que son analizados por una comisión técnica para determinar si el solicitante es elegible o no a la conmutación de pena.
En presidente señaló que este no es un proceso sencillo, ya que, al publicarse en los medios de comunicación el listado de los beneficiados pudieran surgir posiciones en contra por parte de las víctimas lo que llevaría a reconsiderar la decisión.
Con relación a los casos de Guillermo Ferrufino y Giacomo Tamburelli, indicó que no aplican a esta medida por estar empezando a cumplir sus penas dentro del sistema.
“Al que se puede valorar es al que está dentro del sistema, no fuera, eso es lo que dice la ley y yo no tengo la facultad de perdonar penas voluntaria o unilateralmente”, recalcó.
Mulino valoro el hecho de que ambas personalidades se entregaran a la justicia, lo que considero como “un paso positivo”.
Las autoridades realizarán un estudio exhaustivo de los casos aplicables a este programa para que no haya inconvenientes y todo se realice como establece la ley.
De acuerdo a la dirección general del sistema penitenciario, uno de los requisitos para la conmutación de penas es que los privados y privadas de libertad hayan sido condenados.
Desde el pasado mes de julio, el Gobierno puso en marcha un programa de resocialización y sustitución de penas en todos los centros penitenciarios del país para reducir el hacinamiento.
En esta primera instancia se evaluaron 17 casos del Centro Femenino de Rehabilitación 'Cecilia Orillac de Chiari' (Cefere).
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