Solicitan al presidente Laurentino Cortizo que emita un veto parcial al proyecto de ley de Pesca y Acuicultura
Desde hace varias décadas, la actual ley de pesca requiere modernizarse, pero la reforma debe estar a tono con los retos ambientales que enfrenta el país y el mundo, aseguran las organizaciones ambientales y científicas.
La nueva ley de Pesca fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional el pasado jueves 29 de octubre.
Organizaciones de la sociedad civil ambiental, junto al sector científico, solicitan al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que emita un veto parcial al proyecto de ley 131 de Pesca y Acuicultura, para corregir algunas deficiencias que empañan el objetivo por la cual fue promulgada, luego de 61 años de espera.
Desde hace varias décadas la actual ley de pesca requiere modernizarse, pero la reforma debe estar a tono con los retos ambientales que enfrenta el país y el mundo, aseguran las organizaciones ambientales y científicas.
En este sentido, solicitan que se revisen y ajusten ciertos artículos en la nueva ley de Pesca que fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional el pasado jueves 29 de octubre, pues ciertos artículos de la nueva ley, según científicos y ambientalistas, incentivan a la pesca ilegal y fomentan infracciones que terminarán afectando directamente a los ecosistemas.
La Unión Europea ha evaluado y advertido a Panamá sobre las debilidades en la supervisión, vigilancia y control de la Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada (Pesca INDNR).
De acuerdo con las organizaciones, la nueva ley falla en desalentar esta actividad.
Por ejemplo, el artículo 146 disminuye drásticamente las multas máximas que la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP) puede imponerles a los infractores, eliminando su poder disuasorio.
Con una reducción en las penas, según lo aprobado en la nueva ley de Pesca, en vez de avanzar en el tema de control y vigilancia, genera retrocesos en el control de la actividad.
De acuerdo al comunicado de científicos y ambientalistas, este retroceso genera el riesgo de ser sancionados por la Unión Europea, uno de los mercados más importantes para el exportador nacional y por ende, para los pescadores en general.
VEA TAMBIÉN: Multas impuestas por Acodeco a 465 agentes económicos suman más de un millón de dólares
Según los registros, las exportaciones pesqueras, en el 2018, representaron para Panamá un ingreso de 73 millones de dólares.
El comunicado también detalla que la nueva ley de Pesca desmejora las condiciones establecidas previamente en acuerdos internacionales y en la normativa local en temas de participación y salvaguardar el ambiente.
Las modificaciones que se introducen a la Comisión Nacional de Pesca Responsable no garantizan la representatividad del sector pesquero artesanal, excluyendo así, a alrededor de 14,500 personas que, al no estar agremiadas, pierden la posibilidad de poder participar de esta instancia, que tiene la capacidad de hacer recomendaciones de estudios y solicitar informes relativos a las actividades industriales y al cómo estas afectan al sector pesquero de subsistencia y artesanal.
De esta misma Comisión se excluye también la participación de organizaciones científicas ambientales que pueden contribuir con argumentos en pro de la sostenibilidad de las pesquerías panameñas.
VEA TAMBIÉN: Inventario de viviendas supera las 9 mil unidades sin vender
De igual forma, consideran que los recursos pesqueros no son inagotables y el cambio climático está impactando gravemente a los recursos marinos y costeros de Panamá.
“Si tenemos a una industria que se regula ella misma, se corre el riesgo de no poder controlar el esfuerzo pesquero y agotar con ello las poblaciones de recursos aprovechables, limitando la capacidad de subsistencia y progreso en las comunidades pesqueras más vulnerables, como son la de los pescadores artesanales”, aseguran las organizaciones que se oponen a la ley.
Las organizaciones de la sociedad civil ambiental y del sector científico hicieron entrega al presidente Cortizo, el pasado 2 de noviembre, de una Carta Abierta que está dividida en tres puntos prioritarios que detallan dónde se debe corregir la nueva ley.
Los tres puntos prioritarios enfatizan que la nueva ley ‘debilita a la institución rectora y su capacidad sancionatoria, reduce la transparencia y la participación pública y mantiene vacíos ya existentes en el Decreto Ley 17 de 1959’.